El caso de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, asesinada en octubre pasado, registra avances debido a la presión internacional, consideró hoy el director regional del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil); Juan Carlos Gutiérrez.

Al opinar sobre el asesinato de Ochoa, rodeado de amenazas previas para ella y posteriores para otros defensores, Gutiérrez consideró que llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representa un gran avance, en tanto que la institución solicitó protección para los familiares de la abogada y colaboradores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Asimismo, al participar en la ciudad de México, en el Seminario de Pueblos Indígenas, afirmó que el gobierno mexicano muestra su disposición a dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos al estar presente en las negociaciones en la CIDH, cuya última ronda se efectúo el pasado 14 de noviembre. Asimismo, llamó a integrantes de otras organizaciones civiles a denunciar violaciones de esos derechos.

Respecto del caso de las tres hermanas tzeltales violadas por soldados en la zona zapatista de Altamirano en 1994, Gutiérrez --coadyuvante del caso ante la CIDH-- se lamentó que el poder de los militares en la estructura política del país impidan avances en la obtención de justicia para las jóvenes.

En el mismo contexto, afirmó que existen casos de esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero que la única forma de llevarlo ante la CIDH es documentar un caso que sea el reflejo de la problemática que vive la población femenina de esos estados.

Por su parte Luis Guillermo Pérez Casas, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) puntualizó que es necesario que las ONG de defensa de derechos humanos hagan presión frente al gobierno mexicano para avanzar en la materia.

Además indicó que se observa la disposición del actual gobierno para apoyar la defensa de los derechos humanos, pero está en manos de la sociedad civil que no quede nada más en compromisos.

En tanto Adrián Ramírez de la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (Limeddh) indicó que a pesar de la firma de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, el sistema legal en México no permite avances en su aplicación.