La Procuraduría General del Estado de Chiapas, encabezada por Mariano Herrán, llevará el caso de las tres hermanas tzeltales violadas por militares hace seis años en Chiapas, de acuerdo con los resultados de las recientes audiencias sobre el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo anunció la abogada de las hermanas indígenas, Marta Figueroa, quien ha pugnado por justicia para ellas desde que los hechos ocurrieran en un retén militar, cerca de Las Cañadas en el municipio de Altamirano, zona de fuerte presencia zapatista, el 4 de junio de 1994.

Entrevistada en el foro “Pueblos indígenas y derechos económicos, sociales y culturales en México” que finaliza hoy en esta ciudad, expresó preocupación por la capacidad de esta instancia local para enfrentar un caso hasta ahora celosamente llevado por la justicia penal militar.

En marzo del 2001, la CIDH exhortó a través de la recomendación 53/01 al gobierno de Vicente Fox para investigar de manera seria e imparcial la denuncia de las tzeltales y determinar la responsabilidad penal de los violadores.

Aunque la denuncia se realizó en junio de 1994 con pruebas sustanciadas, el Estado mexicano archivó el expediente “ante la falta de comparecencia de las jóvenes a declarar y a someterse a nuevas pericias ginecológicas” ante la justicia militar.

Marta Figueroa considera que solicitar más exámenes médicos es una socorrida treta legal para que una persona abandone una denuncia, en tanto les significa revivir momentos de dolor y miedo.

Sin embargo, lograr que causas penales cometidas fuera de contextos de guerra pasen del fuero militar al civil, es una de las principales peticiones de las organizaciones de derechos humanos en México, ya que esta situación favorece la impunidad.

Se lamentó sobre un caso semejante, ocurrido en Tonalá, Chiapas, donde una mesera de 12 años de edad denunció la violación por ocho militares, razón por la que permaneció internada durante cuatro días debido al mal estado físico y moral en que se encontraba.

Después de un probable hostigamiento por parte de civiles con actitud de militares, según denuncias del director del hospital regional de Tonalá, y de que la justicia militar tomó el caso en sus manos, alegando que ella es prostituta, la joven no ha hecho más declaraciones a la prensa.

Para Marta Figueroa, éste es un patrón común en casos de violación por parte de fuerzas militares, en tanto que lamentó el difícil acceso por parte del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem) al caso, dado que no existen en Tonalá organizaciones de derechos humanos.