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viernes 7 de diciembre del 2001
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Comisión de Juristas llegará a principios del año próximo

Debe el gobierno de Chihuahua abrir los expedientes de las asesinadas en Ciudad Juárez: Teresa Ulloa

Sonia del Valle
cimac | México DF

La Confederación Interamericana de Mujeres (CIM) exigió al gobierno de Patricio Martínez abrir los expedientes de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez a fin de revisar y analizar la manera en que se ha realizado la investigación judicial de los casos, expresó Teresa Ulloa, abogada y presidenta de la organización Defensoras Populares.

“Le tomamos la palabra al gobernador, quien la semana pasada señaló que para solucionar el problema de la violencia en Juárez invitaba a las mujeres a participar”, al hacer referencia al desplegado publicado en los medios de comunicación de la capital del país emitido por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en donde señala que “son bienvenidas las propuestas de los diferentes sectores que tiendan a resolver el problema”.

Ulloa abundó al respecto del grupo de juristas que podrían llegar a nuestro país en enero próximo y dijo que está recabando la información sobre el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y que junto con la organización Casa Amiga de dicha ciudad, han identificado hasta el momento 85 casos de los 252 que están registrados oficialmente, como aquellos que tienen las mismas características.

La abogada, especialista en derechos humanos de las mujeres, señaló que entre las características comunes o similares de las víctimas están la forma en que perdieron la vida, signos de extrema violencia y tortura, así como violación, el lugar donde fueron localizadas, la forma en que se encontró el cadáver y la edad de la víctima.

Aunado a lo anterior, dijo que está el hecho insoslayable de que “todas son jóvenes, pobres y migrantes de los estados aledaños y del sur del país”.

La Comisión de Juristas, que podría llegar al país en enero del próximo año está inicialmente conformada por Alda Facio, directora del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de la Delincuencia (ILANUD), así como la abogada colombiana Luz Marina Tamayo, y dos abogadas mexicanas, Teresa Ulloa y Martha Figueroa.

Ulloa explicó en entrevista con esta agencia de noticias, que de no contar con la colaboración del gobierno local para la revisión y análisis de los expedientes, solicitarán de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el informe completo y detallados de las 24 Averiguaciones Previas de los años 1996 y 1997.

La Comisión de Juristas cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos.







       
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