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viernes 7 de diciembre del 2001
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Militares, los principales responsables de violaciones a los derechos humanos en Chiapas

Exige la CDHCCH a Fox y a López Obrador esclarecer el asesinato de Digna Ochoa

cimac/cambio | Tuxtla Gutiérrez

La Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso de Chiapas (CDHCCH) exigió al presidente Vicente Fox esclarecer la ejecución de la defensora Digna Ochoa cuyos asesinos podrían ser militares y brindar la protección necesaria a los activistas en México.

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Deysi Castillo, explicó que ocho diputados del PRD, PAN, PRI y PT le exigen al presidente Vicente Fox y al jefe del Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, utilizar todos los recursos posibles para esclarecer el asesinato de la defensora Digna Ochoa, ocurrido el pasado 19 de octubre en la capital mexicana.

Dijo que el llamamiento de la Comisión de Derechos Humanos hacia el gobierno del presidente Fox es en solidaridad con todas las personas que exigen el esclarecimiento de la muerte de la ombudsman.

Sobre todo porque Ochoa se dedicó a defender a campesinos ecologistas o personas vinculadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o al Ejército Popular Revolucionario (EPR), prisioneros en cárceles de Chiapas o Guerrero cuyos principales acusadores eran militares.

Según Castillo organismos no gubernamentales remitieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, los atropellos y excesos cometidos en su mayor parte por las tropas del Ejército Mexicano y que en ninguno de los casos el gobierno federal atendió las denuncias.

Por ende corresponde a las instancias nacionales de derechos humanos obligar a la federación aclarar los casos de tortura y abusos que han cometido las fuerzas castrenses en México.

En el caso de Chiapas expuso que los organismos han denunciado que los militares han sido los principales responsables de violaciones a los derechos humanos siendo necesario que se esclarezcan decenas de asesinatos cometidos mucho antes de la aparición pública del EZLN hasta la actual administración de Pablo Salazar.

La diputada perredista añadió que "sobre la actual administración solicitamos a la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, la documentación sobre violaciones a las garantías individuales que estén registradas, y estaremos en espera de recibir un informe detallado que haremos público en su momento".

La parlamentaria comentó que la Comisión que preside junto con sus compañeros de los diferentes partidos PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y PAS no dejarán pasar por alto las violaciones a los derechos humanos cometidas en la entidad sin importar quienes sean los responsables.

Finalmente añadió que sus compañeros investigan sobre los excesos cometidos por la policía Sectorial y Judicial la semana pasada, cuando unos 260 menores infractores se amotinaron en tres ocasiones en el centro tutelar Villas Crisol, en el municipio de Berriozabal, para denunciar malos tratos de parte de los directivos.

En esa ocasión el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Gándara Gallardo, ordenó a la policía reprimir los disturbios en los cuales resultaron lesionados más de una veintena de jóvenes de entre 12 y 17 años.







       
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