El 7 de septiembre de 2000, el entonces presidente Ernesto Zedillo firmó el Estatuto de Roma para la creación de una Corte Penal Internacional. Tras varias discusiones respecto de la necesidad o no de reformar nuestra Constitución para poder ratificar el estatuto, el 6 de diciembre de 2001 el presidente Fox envió la propuesta de reforma al artículo 21 constitucional al Congreso de la Unión.

El objetivo de esta reforma será la pronta ratificación del Estatuto de Roma que dará origen a la Corte Penal Internacional (CPI). Dicha reforma contemplará la aceptación de los diferentes tribunales internacionales de los que nuestro país es parte, a través de los diferentes tratados internacionales. Esto es que las sentencias y resoluciones que los mismos emitan, serán reconocidos por nuestro país.

La intención en esta reforma es que no haya necesidad de reformar cada uno de los artículos que supuestamente están contraponiéndose al estatuto.

A pesar de ser un paso positivo hacia la ratificación del estatuto, es necesario que esta reforma sea considerada como prioritaria toda vez que nuestro país es parte del Consejo Permanente de Naciones Unidas. El gobierno mexicano está comprometido más que nunca a ser referencia de respeto y promoción de los derechos humanos a nivel internacional. Prueba de esto sería la ratificación del estatuto.

Vale la pena recordar que después de su aprobación por el Senado, la reforma del artículo 21 pasará además por la Cámara de Diputados y las legislaturas locales, sólo entonces se aprobará el Estatuto de Roma. Confiamos en que este proceso no sea, como se ha dicho, un proceso lento, pues únicamente los 60 primeros países en ratificar podrán ser miembros de la Asamblea de Estados Parte y por lo tanto tendrán entre otras funciones la de elegir a los magistrados de la Corte y al fiscal.

La CPI será permanente e investigará y llevará ante la Justicia a los individuos responsables de cometer las violaciones más graves al derecho internacional humanitario: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y una vez que sea definida, la agresión.

A diferencia de la Corte Interamericana que resuelve sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes, surgidos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la CPI establecerá la responsabilidad penal individual; y, a diferencia de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia, su jurisdicción no será cronológica o geográficamente limitada.

La CPI no será retroactiva, aplicándose sólo a aquellos crímenes cometidos después de su entrada en vigor. Es decir, una vez que 60 países hayan ratificado su Estatuto. A la fecha, el Estatuto ha sido firmado por 139 países y ratificado por 47.

Asimismo, la CPI será complementaria a los sistemas de justicia nacionales, actuando sólo cuando los Estados sean incapaces o no tengan la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes. De modo que la responsabilidad primaria recaerá sobre los Estados. Esto tendrá como resultado que los Estados modernicen sus sistemas penales, tipifiquen crímenes internacionales y fortalezcan la independencia del poder judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial, al tiempo de asegurar la mejor cooperación entre los países y la Corte.

El gobierno de México ha tenido prisa en formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no estamos siendo conscientes de que de no ratificar dentro de los 60 primeros países el Estatuto de Roma, no podremos formar parte de la Asamblea de Estados Miembros.

Durante la reunión de la Comisión Preparatoria en Nueva York, el representante de México manifestó su apoyo a la creación de una Corte Penal Internacional y su importancia en la actual coyuntura. La Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional, conformada por más de 35 organizaciones de la sociedad civil entre ellas el Centro Prodh además de académicos y juristas reconocidos, ha trabajado desde septiembre de 2000 por la ratificación del Estatuto.

Fox afirmó que el gobierno de México comenzó una actualización indispensable de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, por lo que puso a consideración del Senado de la República la ratificación, adhesión o declaración de la aceptación de otros 11 instrumentos legales en cuestiones como la desaparición forzada de personas, derechos de los niños, eliminación de la discriminación contra la mujer, así como la protección de víctimas de los conflictos armados.

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y la persecución internacional de los crímenes más graves, son importantes herramientas en la lucha contra la impunidad. La pronta ratificación del Estatuto de Roma es crucial si se pretende que nuestro país asuma claro liderazgo como miembro de la comunidad internacional tal como lo ha declarado el presidente Fox, pero un liderazgo no únicamente comercial sino también de respeto y promoción a los derechos humanos.

La ratificación de este importante instrumento internacional sería concordante con el discurso de defensa a los derechos humanos que ha caracterizado a este gobierno, de otra manera estaríamos frente a un discurso vacío únicamente enfocado a la promoción de una imagen ficticia en el exterior.