A 21 años de la desaparición de la poeta, feminista y defensora de los derechos humanos en Guatemala, Alaide Foppa, la represión en Guatemala repuntó con el gobierno actual en el que están presentes seguidores del ex régimen castrense, al tiempo que se acrecienta la militarización en las comunidades.

"Esa nueva forma de represión, el Estado corporativo mafioso, opera con impunidad utilizando estructuras de poder puestas en marcha durante el período del conflicto" en la década de los 80, explicó el investigador de Amnistía Internacional (AI) para Guatemala, Frank Smith, en reciente entrevista.

Conformado por ex militares, agentes de inteligencia y ex patrulleros (fuerzas paramilitares), este poder opera en la clandestinidad y de forma autónoma, indica Smith, y "están involucrados en el narcotráfico, el robo de carros, el tráfico de personas", así como otras actividades ilegales que les permiten allegarse de fondos.

"GUATEMALA AUN NECESITA APOYO INTERNACIONAL"

A cinco años de la firma de los acuerdos de paz, en Guatemala "hay muchos casos de reanudación de la práctica de desaparición forzada, sobre todo en las comunidades que reclaman su derecho a la tierra o a la justicia en el caso de familiares masacrados".

Estas nuevas desapariciones, sin embargo, serían temporales aunque como crímenes de lesa humanidad se suman a las casi 600 masacres registradas en el Informe del Proyecto Interdioscesano para la Recuperación de la Memoria Histórica, así como en otras fuentes especializadas.

"La intimidación, vigilancia y desaparición forzada son los grandes síntomas. Es una ironía porque el pueblo maya tuvo cierto éxito en su reivindicación étnica pero este derecho no amenaza ninguna estructura de poder vigente cuando estos sectores buscan inclusión en una estructura económica o política encuentran problemas," advirtió Smith.

En este clima, el pueblo guatemalteco está desilusionado de la política --lo cual se reflejó en la escasa votación de 1999--, al tiempo que requiere ver cumplidos ciertos derechos bajo el proceso de paz porque son comunidades que crecen y necesitan sanar, aseguró el especialista.

Para AI, la mayor preocupación es que Guatemala recupere al corto plazo la atención pública internacional, la cual perdió con el proceso de paz y que aún necesita, especialmente en el rubro de derechos humanos. A largo plazo, el país centroamericano requiere acabar con la impunidad mediante una restructuración social, que permita a las personas acudir sin riesgo ante las instancias legales para hacer sus denuncias.

Finalmente, Frank Smith anunció que en febrero de 2002 el gobierno guatemalteco se reunirá con el Banco Interamericano de Desarrollo --con participación de la ONU y algunas organizaciones sociales--, para evaluar el alcance a cinco años de los acuerdos de paz, logrados después de "uno los conflictos más largos y brutales del hemisferio occidental."

EL COSTO DE LA JUSTICIA

En este sentido, un espacio sintomático que muestra tanto la obtención de justicia como el aumento a la represión, son las comunidades donde se han exhumado los restos de familiares, masacrados colectivamente o desaparecidos, indica el antropólogo mexicano Erick Morgan quien realiza este trabajo desde 1998.

Morgan puso como ejemplo algunas exhumaciones realizadas en el departamento San Martín Xilotepec, Chimaltenango. El antropólogo participó en 1998 en el rescate de restos de 12 mayas cakchiqueles asesinados por el Ejército guatemalteco veinte años antes. Entre las osamentas estaban las de cinco mujeres adultas, tres niñas y un bebé de tres meses.

Ese trabajo se realizó con el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Un colaborador del organismo fue desaparecido por una semana, golpeado y amenazado luego de realizar una exhumación posterior en el mismo departamento.

"Realizar una exhumación es una labor delicada para la comunidad", explicó Morgan, quien trabajó con un equipo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de México, "por un lado sana la memoria al recuperar físicamente a las personas desaparecidas, pero por otro, vuelve a abrir la herida".

"Aún más, pone a la población del lugar en peligro real de hostigamiento por los autores de las matanzas", señaló en entrevista donde reveló la inquietante experiencia de identificar a las embarazadas cuando aparecen junto a unos huesos mucho más pequeños.

Para la población indígena maya, remató, la ganancia al recuperar a sus muertos además de un poco de justicia, es una experiencia religiosa que si se lleva al cabo con acompañamiento adecuado al pueblo puede contribuir mucho a su reintegración social.

ALAIDE FOPPA, DESAPARECIDA

El 19 de diciembre de 1980, en la Ciudad de Guatemala, presuntos miembros de la inteligencia militar conocida como G-2, capturaron a la escritora Alaide Foppa y a su chofer Actúm Chiroy, y desde ese día nadie volvió a saber del paradero de las víctimas, aunque la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), vinculó al militar Romeo Lucas García con su posible ejecución.

De padre italiano y madre guatemalteca, Foppa llegó a México con su esposo, Alfonso Solórzano, colaborador hasta 1954 del régimen democrático guatemalteco. Fue catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que también impartió Sociología de la Mujer .

En 1975, fundó la revista FEM, primera publicación feminista en México que hasta hoy se publica ininterrumpidamente. Condujo el Foro de la Mujer en Radio Universidad y asistía a reuniones de las organizaciones de defensa de derechos humanos como AI, y la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión (Aimur).