La Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación presentó el pasado 15 de noviembre al presidente de la República, la iniciativa de ley para prevenir y erradicar la discriminación, y en fecha reciente el titular de esa instancia oficial, Gilberto Rincón Gallardo, llevó dicho anteproyecto ante el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con ello se busca que tanto el Ejecutivo Federal así como los gobiernos estatales tomen en cuenta que el problema de la discriminación es un asunto que imposibilita el desempeño de la ciudadanía plena, ya que se ve permeado a condicionantes sociales que impiden el avance las ciudadanas y los ciudadanos de manera individual y grupal.

Una ley que trate conforme a derecho la no discriminación de las personas es revolucionaria en muchos sentidos, toda vez que es por medio del derecho que las inequidades sociales, resultado de las relaciones construidas por mujeres y hombres pueden ser revertidas, para crear una sociedad democrática sin que la ciudadanía viva separada por desigualdades profundas.

En la reforma constitucional publicada el 14 de agosto de 2001 se incluye por primera vez en nuestra Carta Magna en el artículo primero, párrafo tercero, que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atenté contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Lo que es sin duda un avance fundamental para el ordenamiento jurídico de nuestro país, sin embargo este proceso no estará completo sin una ley que materialice este mandato, es así que nace la ley para prevenir y erradicar la discriminación a través de la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación.

Dicha ley tiene como objetivo primordial romper las barreras sociales que privilegian a algunos y excluyen a muchos de la participación ciudadana, cuenta con ocho capítulos, cincuenta artículos y cinco artículos transitorios. Se trata de una norma que incorpora el derecho mexicano y los tratados internacionales en que nuestro país se compromete a atender la discriminación.

En el caso especifico de las mujeres, el artículo 10 trata ampliamente los derechos de este sector al contemplar en sus apartados que ninguna autoridad pública, persona física o moral podrá realizar actos que discriminen a las mujeres, como por ejemplo en el acceso a la educación, que las separen de los centros de enseñanza por razón de embarazo, por instrumentación de métodos pedagógicos diferenciados para hombres y mujeres, entre otros.

El artículo 17 especifica que es competencia de la autoridad pública ejecutar medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres, al incentivar su permanencia en el sistema educativo de todos los niveles escolares, crear mecanismos que aseguren la presencia de 50 por ciento de mujeres en la administración y como candidatas a los cargos de elección popular, a tener derecho a ser inscrita en los programas para la adquisición de inmuebles, a ser informada y asesorada en materia de salud reproductiva y anticoncepción, así como a otorgar becas en igualdad de circunstancias frente a los varones.

La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación es en un amplio sentido una norma revolucionaria que de aprobarse posibilitaría el acceso real y conforme a derecho de todos los sectores sociales en la construcción de la democracia, que es el derecho de todas y todos a opinar y decidir sobre el rumbo político, social y cultural de nuestro país.