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lunes 5 de noviembre del 2001
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Se deben tomar medidas necesarias para castigar a responsables

México debe garantizar protección a defensores de derechos humanos: Amnistía Internacional

cimac | México DF

Ante una nueva oleada de amenazas contra defensores de derechos humanos en México, Amnistía Internacional señaló que el compromiso de las autoridades mexicanas con el respeto a los derechos humanos se medirá a partir de los avances de las investigaciones sobre estos hechos y todo incidente de hostigamiento y, en particular, el reciente asesinato de Digna Ochoa.

La declaración se produjo a raíz del envío al periódico Reforma de amenazas de muerte en contra de los defensores de los derechos humanos Miguel Sarré, Sergio Aguayo, Edgar Cortez, Juan Antonio Vega y Fernando Ruiz.

"El primer paso para garantizar la protección de los defensores es asegurar que los responsables de las amenazas comparezcan ante los tribunales," manifestó Amnistía Internacional.

Señaló que la responsabilidad de las autoridades en materia de protección de los derechos humanos no se limita a la actuación de los agentes del Estado, sino que se extiende a la de los miembros de grupos armados que operan al margen de la ley," agregó la organización, recordando a las autoridades que tienen el deber, bajo el derecho internacional, de tomar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, investigar y sancionar los abusos, sean quienes sean los responsables.

Al referirse a la protección policiaca, la organización subrayó que "las autoridades deben ofrecer garantías de que dicha protección no sea utilizada, como en algunas ocasiones en el pasado, para vigilar las actividades de los defensores."

Cabe señalar que el 19 de octubre 2001, la abogada y reconocida defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido fue asesinada por individuos desconocidos en su despacho jurídico en el centro de la Ciudad de México.

Digna Ochoa empezó a recibir amenazas de muerte por su labor en favor de los derechos humanos en 1995. En 1999, junto con otros colegas del Prodh, sufrió una intensa campaña de hostigamiento, y en octubre del mismo año, individuos desconocidos entraron a su casa, la ataron e interrogaron durante varias horas sobre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y las supuestas relaciones de ella y otros miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro con estos grupos insurgentes.







       
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