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viernes 9 de noviembre del 2001
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Necesario que México se comprometa a respetar los derechos humanos de su ciudadanía

Encontrar a los culpables del asesinato de Digna Ochoa, desafío del gobierno mexicano: Rupert Knox

Miriam Ruiz
, enviada cimac | Londres

Rupert Knox, investigador para México en Amnistía Internacional, llamó al presidente Vicente Fox a evitar otro fracaso en la protección de defensores de derechos humanos en el país y castigar a los responsables del reciente asesinato de Digna Ochoa y la oleada de amenazas de muerte dirigidas a activistas de derechos humanos.

Encontrar a los responsables de estos ataques y hacer justicia "es uno de los desafíos para el gobierno de Fox, porque ha hecho muchos compromisos para enfrentar la herencia histórica de México sobre derechos humanos", dijo Knox en entrevista.

La experiencia internacional demuestra que "las autoridades siempre quieren representarse como progresistas y con gran voluntad a favor de los derechos humanos. Pero lo que se ve en muchas ocasiones es la falta de voluntad al interior del país para enfrentar viejos mecanismos".

En el caso de Digna Ochoa, exreligiosa y abogada defensora en varios casos de alto perfil vinculados con el Ejercito Mexicano, "el hecho de que las autoridades no investigaron eficazmente las amenazas y ataques anteriores, claramente contribuyó a su eventual asesinato" sentenció.

Mencionó los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, liberados ayer por orden presidencial y quienes denunciaron confesión mediante tortura por parte de militares en el que Ochoa y Placido colaboraba junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Pro).

También se refirió a los casos de presuntos miembros de la guerrilla en el Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y Ejercito Popular Revolucionario (EPR), en los que participó también como parte del departamento jurídico del Pro.

Las viudas de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, fue otro caso defendido por la activista que murió el 19 de octubre pasado por arma de fuego en su despacho de la ciudad de México. Junto a ella, se encontró una nota de amenaza a integrantes del Pro.

La indignación y sorpresa por estos hechos rápidamente desencadenó reacciones de instancias nacionales, del Departamento de Estado de Estados Unidos, las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos de todo el mundo.

"El asesinato de una persona con esa trayectoria tiene un impacto profundo porque la comunidad internacional de derechos humanos no lo esperaba y pensaba que vendrían días mejores. Ahora, tal vez esperamos un retroceso enorme a las épocas pasadas", dijo el especialista de AI en México, Honduras y El Salvador.

Y agregó: "El clima de impunidad en que viven los defensores en todo el país, indica que las autoridades toleran esos tipos de ataques", por lo que los órganos estatales mexicanos de todos los niveles están acostumbrados a trabajar en la plena impunidad.

Así, enfatizó, el compromiso de las autoridades mexicanas con el respeto a los derechos humanos se medirá de acuerdo con los avances de las investigaciones sobre estos hechos y todo incidente de hostigamiento y, en particular, el reciente asesinato de Digna Ochoa.

Sobre la protección a la comunidad nacional de defensores de derechos humanos consideró que los chalecos antibalas y los guardaespaldas no van a resolver un problema que tiene raíces más profundas.

Y en este sentido, recordó el caso de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), Marina Patricia Jiménez Ramírez, quien el pasado lunes ratificó sus declaraciones por amenazas de muerte y hostigamiento por sujetos desconocidos.







       
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