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viernes 9 de noviembre del 2001
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Congreso estatal aprueba creación de Comisión Especial

Ante la aparición de 8 cadáveres más en Ciudad Juárez, ONG exigen una respuesta de las autoridades

Sonia del Valle
cimac | México DF

"Clausurada por Incompetente", reza un letrero que fue colocado el día de ayer por las Organizaciones no Gubernamentales de mujeres que realizaron un plantón frente a las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Homicidios de Mujeres, a cargo de Zulema Bolívar, como respuesta al anuncio del hallazgo de ocho cadáveres más en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Mientras decenas de personas clausuraban las oficinas de la Fiscalía Especializada, el Congreso del estado aprobaba por unanimidad la creación de una Comisión Especial que dará seguimiento al caso, la cual pedirá información al procurador de Chihuahua, Arturo González Rascón, así como a las organizaciones de mujeres que le han dado seguimiento a los casos de homicidio de más de 240 mujeres desde 1993.

Por su parte, el procurador general de Justicia del Estado de Chihuahua, señaló esta mañana que se ha creado una Comisión Interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para dar con los responsables de los asesinatos de las mujeres que fueron encontradas sin vida, entre el martes y el jueves de esta semana.

Igualmente expresó su indignación, consternación y preocupación por el hallazgo de las mujeres asesinadas y afirmó que se iniciaron las investigaciones pertinentes, por lo que no se puede asegurar en este momento si estos asesinatos tienen o no relación con los crímenes ocurridos desde 1993, cuyo autor intelectual, señaló el procurador, es el egipcio con nacionalidad americana, Abdel Latif Sharif, quien está en la cárcel desde 1995, con una sentencia suspendida de 30 años, por el asesinato de Elizabeth Castro García.

Han pasado nueve años. Dos gobiernos de distinta extracción partidaria. Se han creado cuatro instancias "para investigar los casos". Hay un presunto autor intelectual de los asesinatos, dos bandas de presuntos homicidas materiales --Los Rebeldes y Los Ruteros--, ninguno de ellos sentenciado hasta el momento y 249 asesinatos, de los cuales 108 presentan características similares y más de 51 cadáveres sin identificarse, incluyendo los ocho más recientes.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

En 1994 el Grupo 8 de marzo de Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, elaboró una lista, a partir de las noticias que aparecían en los medios de comunicación locales, sobre el número de mujeres asesinadas. Documentaron que varios de los casos tenían características similares y comenzaron a demandar A las autoridades una investigación profunda de los mismos.

Como respuesta a su petición, la cual ya dura más de ocho años, las autoridades locales primero señalaron que los casos eran aislados, que no tenían relación entre sí y que la mayoría de las víctimas eran mujeres que salían a bailar y tenían muchos novios.

Al mismo tiempo, esta organización pidió al Congreso local crear una Comisión Especial legislativa que pudiera darle seguimiento al caso. Exigir la rendición de cuentas por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, encargada de las investigaciones. Pidieron además a esta última la creación de una Agencia Especializada en Delitos Sexuales, con personal calificado y capacitado en este tipo de delitos.

Fue hasta el año de 1997 que se creó la Agencia y la Comisión Especial del Congreso local, fue desestimada, como respuesta obtuvieron el silencio del Congreso. La petición fue hecha en dos ocasiones: en 1995, cuando se habían documentado sólo 30 mujeres asesinadas la mayoría localizadas en el predio denominado Lote Bravo, y en 1996, cuando se encontraron ocho cadáveres más en el predio, Lomas de Poleo.

Ante el aumento del número de casos, las protestas ciudadanas comenzaron. Mítines, plantones, marchas, vigilias, conferencias de prensa, desplegados en los medios de comunicación y crearon la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales en Pro de la Mujer, conformada por 16 organizaciones de todo el estado.

La Coordinadora demandó al entonces gobernador del estado, Francisco Barrio Terrazas del Partido Acción Nacional, la creación de una Fiscalía Especial para la investigación de los homicidios. La cual durante todo el año de 1997, fue desestimada en varias ocasiones por el Ejecutivo local, quien incluso ese mismo año señaló que el número de asesinatos de mujeres (entonces cerca de 80) era una cifra "normal".

La presión de la sociedad, no sólo del estado, sino a nivel nacional e internacional, junto con la presión de las legisladoras federales, integrantes de la Comisión de Equidad y Género, hizo que en febrero de 1998 el gobernador creará la Fiscalía Especial para la Investigación de los Homicidios de Mujeres, que a la fecha ha cambiado seis veces de titular y que el día de ayer fue clausurada por "incompetente" por parte de las organizaciones.

En tanto, las líneas de investigación, llevaron a la PGJE a detener el 3 de octubre de 1995 al que es considerado por las autoridades como el "único" asesino en serie que ha operado en esta frontera, Abdel Latif Sharif.

A decir de las autoridades, Sharif contrató primero a los integrantes de la banda de Los Rebeldes, cuyo presunto líder es Sergio Armendáriz, alias "El Diablo", para "despistar" a las autoridades y así poder probar su inocencia. De acuerdo con la información de la policía Sharif le pagaba a la banda mil pesos por cada una de las víctimas.

Poco antes del cambio de gobierno estatal, con el triunfo electoral de Patricio Martínez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a principios de 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 444/98, donde señala las múltiples deficiencias en la integración de los casos y la dilación en la procuración de justicia de la mayoría de éstos lo que evidencia la falta de voluntad por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua para resolver satisfactoriamente las demandas.

El nuevo gobierno de Patricio Martínez designó a Sully Ponce como encargada de las investigaciones. A decir de la coordinadora, la titular de la Fiscalía Especializada es "inexperta, carece de recursos técnicos y humanos para esclarecer los casos".

El primero de abril de 1999, los choferes de transporte público Agustín Toribio Castillo, alias "El Kiani"; José Gaspar Caballos, "El Gaspy"; Bernardo Hernández Fernández, "El Samber", y Jesús Manuel Guardado Márquez, el "Tolteca", fueron detenidos en conexión con siete asesinatos de mujeres, bajo el argumento que esta banda, ahora denominada "Los Ruteros" también fue contratada por el egipcio Sharif para "desviar las investigaciones".

Entonces, Ponce señaló que el modus operandi de las bandas, "Los Rebeldes" y "Los Ruteros" se diferenciaba porque los primeros conocían y seleccionaban a sus víctimas y los segundos las elegían al azar.

Igualmente Ponce sostuvo que "Los Rebeldes", aparentemente cometieron los asesinatos en Lomas de Poleo en circunstancias similares a las de las víctimas de Sharif, cuyas víctimas fueron localizadas en el Lote Bravo; en tanto que "Los Ruteros", estaban imitando este tipo de asesinatos.

Ocho años después, de acuerdo con la información publicada hoy en periódico local, El Diario, reaparece la tesis de que nuevamente el egipcio Sharif es responsable de los asesinatos de las mujeres que fueron recientemente localizadas en un canal de aguas negras en desuso, ubicado en el Parque Bermúdez, uno de los parques industriales más céntricos de la ciudad.







       
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