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lunes 19 de noviembre del 2001
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En diez días, medidas a seguir: Mariclaire Acosta

SRE se compromete ante CIDH a proteger a familiares de Digna Ochoa

Adriana Contreras
cimac | México DF

El gobierno mexicano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dar protección a la familia de la abogada Digna Ochoa, ultimada hace un mes, así como a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y al grupo Tierra y Libertad.

Lo anterior durante la audiencia sobre defensores de derechos humanos efectuada el pasado viernes en la sede de la CIDH en Washington, informó Viviana Cristicevic, integrante del Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) quien estuvo presente en la audiencia.

En representación del gobierno mexicano, asistió Mariclaire Acosta, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien se comprometió a presentar ante la CIDH en un plazo de diez días, las medidas a seguir para proteger a los familiares de la asesinada defensora de los derechos humanos y de las otras organizaciones.

En tanto, la CIDH evaluará la posibilidad de designar a una persona que dé seguimiento puntual a la investigación del asesinato de Digna Ochoa.

Mientras, el procurador general de Justicia en el DF, Bernardo Bátiz reiteró que se solicitó la declaración de los recién liberados campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes por su parte manifestaron, a través del Centro Pro, su deseo de estar algunos días con sus familias, antes de presentarse ante la autoridad capitalina.

La declaración de estos campesinos, quienes salieron libres el pasado 8 de noviembre por un resolutivo presidencial, establecería algún vínculo entre integrantes del Ejército Mexicano y el asesinato de la abogada veracruzana, así como con las amenazas posteriores a defensores de derechos humanos.

Bernardo Bátiz informó sobre tres líneas de investigación que se siguen en el asesinato de Digna Ochoa: su relación con familiares y amigos, su actividad como abogada y defensora de derechos humanos, y por último la que involucraría a militares, y su viaje a Guerrero con el fin de defender a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

La declaración de los ecologistas recién liberados, así como de los militares relacionados con su detención, permitirían tener elementos suficientes para armar una sola línea de investigación, señaló Batiz.

También se tienen que tomar en cuenta los dictámenes del video tomado por el Canal 6 de Julio con declaraciones de la ex religiosa con motivo de su viaje a Guerrero, la información contenida en las computadoras de la defensora de derechos humanos, así como el perfil psicológico de las personas que redactaron las amenazas de muerte contra activistas.

Bernardo Bátiz anunció que en tres semanas se presentarían los resultados de las diligencias anteriores, con lo que se pretende tener una línea de investigación más clara.







       
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