El asesinato de la abogada Digna Ochoa, es un mensaje dirigido a todos los organismos defensores de derechos humanos en México, un intento por frenar y desalentar la defensa y promoción de los derechos humanos a través de una salvaje intimidación, sentenció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Enoé Uranga.

En un análisis enviado al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, señaló que esos hechos recuerdan la contundencia en el actuar de los escuadrones de la muerte latinoamericanos de los años setenta y ochenta: “si te metes, te mueres”.

Sobre todo, dijo, si tomamos en cuenta la cadena de sucesos que se han desatado luego de sel asesinato de Digna Ochoa el pasado 19 de octubre, la abogada Digna Ochoa. Doce días después fueron amenazados, los defensores: Miguel Sarré, Fernando Ruiz, Juan Antonio Vega, Sergio Aguayo Quezada, Edgar Cortez.

En ese sentido, también se puede inscribir la amenaza recibida por el periodista Germán Dehesa, del periódico Reforma, quien fue amenazado por correo electrónico el pasado 5 de noviembre de 2001. En ambas amenazas se reivindica la ejecución de Digna Ochoa.

Para la asambleísta, el mensaje cifrado que subyace en el fondo, puede ser más fuerte y con otros significados y alcances políticos, “puede tratarse de un mensaje a la presidencia de la República y sus estructuras de administración del Estado”.

Así, los grupos de poder real, los que se manifiestan hoy abiertamente y a voz abierta, le gritan a Vicente Fox: “aquí estamos, somos intocables, estamos más allá de tu control y no intentes nada contra nosotros, o enfrentarás las consecuencias”.

Para Enoé Uranga, “las estructuras ligadas a los órganos de vigilancia y control político nunca fueron entregadas por el antiguo régimen”.

En ese tenor, refirió que se encuentra en proceso la publicación, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que sería el primer informe serio sobre desaparición forzada de personas en México, suceso que de darse de manera integral, estaría desnudando la “guerra sucia” del viejo régimen contra opositores durante los últimos 30 años.

De ello, recordó que la mayoría de los oficiales responsables de las operaciones, que pudieron derivar en desaparición, tortura, o ejecución extrajudicial aún se encuentran en servicio activo.

Asimismo, Enoé Uranga dijo que la designación de Emilio Alvarez Icaza como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), puede ser asumida por los grupos de poder como una amenaza, ya que se teme en dichos círculos una exigencia real y constante por el esclarecimiento de viejos crímenes que han quedado impunes por parte del ombudsman.

Esto, abundó, sumado al reciente nombramiento de Pilar Noriega --cuyos vínculos personales y laborales con Digna Ochoa son ampliamente conocidos--, como primera visitadora de la CDHDF, apenas cuatro días antes del asesinato, da lugar a evaluar este atentado como una reacción inmediata a estos hechos. 

Así, concluyó la asambleísta, quienes ejecutaron a Digna Ochoa tenían líneas ejecutivas de acción, estrategia, medios, información privilegiada, recursos financieros y logísticos, tiempo, entrenamiento, cobertura (fachadas, seudónimos, trabajo y familia) y probablemente encubrimiento.