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jueves 22 de noviembre del 2001
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Responsabilidad y seriedad gubernamental, exigen a lo largo del país

Demandan nuevamente ONG alto a la impunidad en Ciudad Juárez

Sonia del Valle
cimac | México DF

La demanda es la misma: "Alto a la impunidad". El llamado es nacional y está dirigido a todas las mujeres y hombres que repudian tras ocho años de investigaciones judiciales y dos gobiernos estatales de distintas siglas partidarias las apariciones "por casualidad" de mujeres sin vida en las tuberías, canales de desagüe o predios desérticos de Ciudad Juárez.

A tres días del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que desde hace dos décadas las organizaciones de mujeres, feministas y recientemente la Organización de las Naciones Unidas conmemoran, cientos de organizaciones se pronuncian en contra de la impunidad y la violencia que viven las mujeres en Ciudad Juárez.

Las organizaciones del estado de Chihuahua, entre ellas el Grupo Feminista 8 de Marzo, las Mujeres del Barzón, Círculo de Estudios de Género, el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, entre otros redactaron el Manifiesto "Ni una Más".

En el manifiesto sostienen que el gobierno del estado, así como la Procuraduría General de Justicia tienen "la obligación política y la responsabilidad ética de erradicar los crímenes. ¿Qué han hecho? Nada".

Indican que no existe una política de prevención del crimen acorde con la gravedad de los hechos --260 mujeres asesinadas. Las denuncias presentadas cuando desaparece una mujer, reciben nula atención y se trata con desprecio a los familiares; la procuraduría no asigna recursos económicos ni humanos, para la investigación de estos crímenes: la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Homicidios de Mujeres cuenta con dos policías.

Adicionalmente, destacan, los cuerpos de las víctimas no son encontrados como resultado de una investigación judicial, sino por casualidad por ciudadanos comunes; las confesiones de los presuntos responsables han sido "arrancadas" mediante tortura, como ocurrió en la captura de la banda de Los Choferes en 1999 y los dos casos más recientes, el de Víctor Javier García Uribe, alias El Cerillo y Gustavo González, La Foca.

Frente a este panorama las organizaciones de Chihuahua exigen: seguridad para la vida e integridad de las mujeres de Ciudad Juárez a través de campañas preventivas --eficaces--contra la violencia.

Exigen se sancione y destituya a los funcionarios ineficaces de la procuraduría, empezando por el procurador Arturo González Rascón, la ex fiscal Sully Ponce y la fiscal especial Zulema Bolivar.

En tanto, organizaciones de mujeres del Distrito Federal, demandan la creación de una comisión multidisciplinaria que colabore con la Subprocuraduría de Justicia para la investigación y prosecusión de los crímenes cometidos desde 1993, que incluyen asesinatos y desapariciones. Lo anterior, dentro de un sistema judicial transparente y sólido que actúe eficazmente.

Así como la puesta en práctica de políticas y acciones para enfrentar el rezago social que proporciona esta violencia. Lo anterior forma parte de la Campaña "Ni una Más en Ciudad Juárez" a la que convocó la organización Católicas por el Derecho a Decidir y a la cual se han sumado decenas de organizaciones y redes de mujeres.

En tanto, la Secretaría Femenil del Partido Alianza Social (PAS) y el Bloque de Dirigentes Nacionales Pro y Para las Mujeres, solicitaron a los partidos políticos de México, a través de sus representantes ante los congresos federal y estatales, gestionen la conformación de comisiones legislativas que le den seguimiento al caso.

Finalmente hicieron un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) a que atraiga el caso y resuelva conforme a derecho los asesinatos de las mujeres, la mayoría trabajadoras de la industria maquiladora en la fronteriza Ciudad Juárez.







       
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