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lunes 26 de noviembre del 2001
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Asesinatos en la ciudad fronteriza, signos de discriminación: Patricia Olamendi

Casos Juárez y Digna Ochoa, retos para el gobierno de Fox

Silvia Magally
cimac | México DF

En tanto que el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga opinó que los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y de la abogada Digna Ochoa colocan al gobierno de Vicente Fox en una posición difícil por la impunidad que prevalece en el país, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, dijo que los asesinatos en Chihuahua son signos de discriminación, por los que el Estado debe responder.

Entrevistados al concluir la mesa redonda “Los hombres opinan”, --actividad que se inscribe dentro de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres--, Morales Lechuga, consideró que la investigación de los asesinatos de 260 mujeres en Ciudad Juárez, puede ser atraída por la Procuraduría General de la República (PGR), por sus dimensiones nacionales e internacionales.

Estimó que Vicente Fox debe actuar y desterrar la impunidad del país, sobre todo en momentos en que se está desmoronando su imagen pública.

A su vez, Olamendi dijo que el esclarecimiento de estas muertes ha sido una demanda permanente de la sociedad civil, al advertir sobre la gravedad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la falta de una investigación profunda de las instancias nacionales.

Antes juristas y académicos, ambos coincidieron en señalar que en México no se aplican los instrumentos internacionales que protegen a los derechos de la mujer, tal como ocurre con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.

No obstante, Guadalupe Espinosa de Unifem, consideró que el derecho internacional comienza a tener un peso que no tenía hace cinco años, por lo que ahora es más factible la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, el subprocurador general de la República, Moisés Moreno, indicó que corresponde a la Organización de Estados Americanos (OEA) crear el instrumento que permita cumplir la Convención de Belem do Pará a los estados signantes.

Expuso que en virtud de que el gobierno mexicano suscribió la convención, está obligado a condenar todas las formas de violencia hacia la mujer así como a adoptar los medios para erradicar tal fenómeno.

Además, propuso abolir leyes o reglamentos vigentes que toleren la violencia contra la mujer, así como garantizar que las mujeres tengan acceso efectivo a la reparación de daños.

En tanto, Miguel Carbonel del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que mecanismos como la Convención de Belem do Pará permiten realizar un ejercicio más amplio de reflexión para criticar la escalada de violencia legitimada que se vive en la actualidad. “En México, la injusticia sistémica y la vocación por la impunidad afectan por igual a ambos géneros”.

Ignacio Carrillo Prieto, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, aseveró que la violencia contra la mujer es un problema social y político, más no individual y privado. Agregó que los sistemas legales han sido considerados generalmente como factores discriminadores de las mujeres, en parte porque ellas han sido excluidas históricamente de la creación e interpretación de las leyes.







       
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