A pesar de las declaraciones del procurador capitalino Bernardo Bátiz y el presidente Vicente Fox para garantizar justicia tras el asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, aparecen los primeros nudos en la investigación, consideran la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Hoy, en entrevista con los medios locales, el subprocurador de Averiguaciones Previas Concentradas de la Justicia del DF, Alvaro Arceo Corcuera, denunció que la ayuda aportada por la Procuraduría General de República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es insuficiente.

Según Arceo Corcuera, dijo que las informaciones que enviaron las máximas instancias de investigación en México consistieron en recortes de periódico “que cualquiera podría haber consultado en la hemeroteca”.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) denunció “en su carácter de ofendido directo por la ejecución de la abogada Digna Ochoa y como coadyuvante del Ministerio Público en las investigaciones”, que a un mes y una semana del asesinato carecen de una copia certificada del expediente.

Lo anterior significa que el Prodh, donde Digna Ochoa y Plácido laboró durante varios años, “no ha tenido participación ni conocimiento de todas las diligencias llevadas a cabo,” con el fin de verificar que se realicen con estricto apego a derecho.

En un balance a un mes de la ejecución, la organización consideró que la fuga de información confidencial a los medios de comunicación es preocupante y podría afectar el desarrollo adecuado de la investigación bajo los estándares internacionales sistematizados en el Manual de Investigación para Ejecuciones Sumarias de la ONU.

Denunciaron también que a pesar del acuerdo con las autoridades para garantizar la seguridad de las personas allegadas a Ochoa que rendirán declaraciones, los agentes judiciales han hecho presencia intimidatoria en sus domicilios para interrogarlos.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó el lunes pasado protección para familiares del Digna Ochoa e integrantes del Prodh, entre quienes destacan las abogadas Pilar Noriega y Bárbara Zamora.

Ambas compartían oficinas con Digna Ochoa y defienden otros casos que vinculan a presuntos integrantes de la guerrilla y otros movimientos políticos.

Las apreciaciones del Prodh sobre la audiencia efectuada el pasado lunes en la sede en Costa Rica del CIDH, donde el procurador capitalino Bernardo Bátiz rindió un informe, serán dados a conocer en las próximas horas.