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jueves 12 de diciembre de 2002
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Para Sarre, implicaría que Chihuahua evadiera su responsabilidad
Polémica en torno a que la Federación atraiga el caso Juárez

Martha Martínez cimac | México, DF

Opiniones opuestas en torno a si el gobierno federal debe o no atraer las investigaciones de los asesinatos de más de 300 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, se desplegaron anoche durante la presentación del libro “Huesos en el desierto”, que aborda la impunidad que impera en ese caso.

Para Miguel Sarre, defensor de derechos humanos y experto en sistema carcelario, lo peor que pueden hacer las organizaciones civiles es exigir que el caso de las mujeres asesinadas en esa ciudad fronteriza durante la última década sea atraído por la Federación.

En oposición, para la periodista Carmen Aristegui, dejar el caso en manos de la justicia local significa condenarnos a seguir viendo muertas bajo esas circunstancias y características, “ya que es un fenómeno de mil cabezas que no sólo rebasa a la sociedad, también a la justicia”.

A opinión de Sarre, el asesinato de personas en nuestro país no es exclusivo de las mujeres de Ciudad Juárez, y el Estado no tiene la obligación de obtener resultado de sus pesquisas, toda vez que un homicidio no resuelto no es sinónimo de impunidad, “lo único que tenemos son casos no esclarecidos”.

Es por ello, argumentó, que “no debemos quitar un caso como este a la autoridad del estado pues estaríamos permitiendo que evada su responsabilidad, debemos exigir que se resuelva a nivel local, a través de mecanismos legalmente establecidos, no se trata de ver quién puede hacer algo, sino de fincar y castigar a los responsables”.

En contraste, Aristegui advirtió que atacar el caso desde el gobierno federal es un clamor. Estos asesinatos, dijo, además deben tipificarse como crímenes de lesa humanidad.

Para Aristegui, en el esclarecimiento del caso debe intervenir quien deba hacerlo, independientemente de dónde se encuentra y cómo se llame, ya que si el autor de “Huesos en el desierto”, Sergio González Rodríguez, con los medios de un periodista, pudo investigar lo que plasmó en ese libro, “podemos decir que atrás de cada homicidio hay algo más que impunidad”.

Lo anterior, agregó, porque la ineptitud, la impunidad, la discriminación y falta de acceso a la justicia ha hecho de los asesinatos de mujeres el mayor caso criminal en la historia de México, de la violencia una forma de vida y de las mujeres pobres, jóvenes, delgadas, morenas y trabajadoras de la maquila, personas que pueden ser usadas y tiradas en el desierto sin mayor problema.

Por ello, Aristegui recomendó que las conclusiones del libro sean retomadas y ampliadas por las autoridades locales y federales.

Dichas conclusiones son tres. La primera: existe una red de protección hacia los asesinos en los tres niveles de gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con el narcotráfico; la segunda, los asesinos son hombres que hacen de los homicidios de mujeres en aquella ciudad fronteriza, orgías sexuales y complicidades criminales; y por último, existe una relación de complicidad entre empresarios fronterizos con políticos y funcionarios, sobre todo del gobierno del presidente Vicente Fox, y de ahí la impunidad.







       
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