Luego de más de 50 intervenciones distribuidas en seis sesiones parlamentarias, la última prolongada por más de 9 horas, y una votación de 47 a favor y 40 en contra sobre 87 legisladoras y legisladores presentes, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, elaborada en la Comisión de Salud luego de escuchar a más de 30 representaciones de diversos actores sociales durante 11 meses.

No sólo los números, pero también ellos, vienen al caso para llamar la atención sobre el trabajo que supuso llegar a ganar este primer round legislativo --en el Senado se librará el próximo-- que marca un hito en la historia de un tema polémico, que atraviesa a los partidos políticos, a las comunidades científicas y académicas, a los profesionales de la salud y otras disciplinas, a las religiones, a la sociedad en su conjunto. Un tema que durante los últimos 64 años tiene a las mujeres, particularmente las más pobres, de rehenes de una confrontación que para nada evita dejarlas absolutamente expuestas cuando la necesidad de interrumpir un embarazo no planificado se convierte en certeza de conciencia. Un circuito clandestino inseguro y mercantilizado, cuando no los recursos caseros del perejil, las sondas, los venenos y similares, fue la única alternativa para ellas por más de seis décadas, si no disponían del dinero para acceder a una clínica, igualmente clandestina pero al menos segura.

El l0 de diciembre, en la Cámara de Representantes se ganó una batalla aunque no la guerra. Pero, avalada por uno de los debates más grandes que una ley alcanzó en esos ámbitos --lo que no se mide sólo por cantidad de palabras vertidas sino por la variedad de argumentos--, y habiendo sorteado las presiones más desembozadas, que en algunos momentos alcanzaron decibeles terroristas, no se trata de cualquier batalla. El Senado no estará libre de confrontaciones elusivas ni de presiones, sin duda, y es de esperar que sepa hacer honor al antecedente. Aunque el “cuco” del anunciado veto presidencial ya se esté manejando a manera de burda disuasión, cabría preguntarse: ¿se atrevería el titular del Poder Ejecutivo a anular de un plumazo la voluntad de un Parlamento que, como pocas veces, se juega por el bien de la gente? La carrera de descrédito de las instituciones públicas viene en ascenso, y en ese marco los representantes del pueblo acaban de dar un salto hacia adelante. No será sin costo para el doctor Jorge Batlle torcer una voluntad positiva en medio de tanta borrasca. Con el único argumento de un acuerdo electoral que hizo por especulaciones políticas que sólo a su sector incumben, además.

AGENDA PUBLICA ENRIQUECIDA

En la última sesión plenaria, el debate sobre la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva no experimentó mayores novedades respecto de las cinco anteriores. La defensa de una vida idealizada no faltó a la cita, aunque a veces algo asordinada, ¿avergonzada tal vez por su falta de puntos en común con la porfiada realidad? De los alegatos más consecuentes con esta postura, tan desvelada por los niños no nacidos que parece ciega a la suerte de los nacidos, más hambreados, desasistidos y violentados en sus derechos que nunca --“se defienden las células, pero se olvida que se mueren si no se las alimenta”, recordaría el diputado encuentrista Raúl Sendic en la escueta fundamentación de su voto afirmativo-- pueden rescatarse aspectos que contribuyen a poner en la agenda pública temas que siguen en el debe de esta sociedad: la educación sexual y la planificación familiar entre ellos, pero también la ominosa omisión del Estado en el combate de los males sociales, crecientes y con riesgo de cronificación.

Contraria a la ley en discusión, la legisladora forista Martha Montaner --que se retiró de sala a la hora de votar-- abogó por “una coordinación de las políticas de educación, prevención, formación e información a través de los Ministerios de Educación y Cultura y Salud Pública con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales”. Firme titular del voto por la negativa, el nacionalista Gustavo Penadés defendió la educación sexual, mientras que su correligionario Jaime Trobo, en coincidente posición, acusó al Estado de “incapaz para atender las situaciones de indigencia”. Tras ellos, el forista Rubén Díaz iría a concluir que “este debate es bueno para el país”, aunque rechazó la iniciativa de ley porque el aborto le parece “agresivo para las mujeres”. Con esta discusión, “un sistema tan denostado por la opinión pública ha aportado elementos a la agenda pública”, coincidió la encuentrista Margarita Percovich, comprometida partidaria de la ley en trámite.

Aunque no se midió formalmente, sin duda que las estrategias propuestas por quienes se oponen a la despenalización del aborto tienen el consenso interpartidario que la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva no alcanzó. Pero resulta que mientras y desde siempre, “En este país se aborta en todas las clases sociales, en todas las edades y profesiones. Abortan las mujeres blancas, negras, judías, católicas y musulmanas”, y “hoy nos acordamos de educar, de crear condiciones sociales. ¡La vida entera peleando por eso!”, como introduciría el encuentrista José Bayardi al convocar a no usar atajos y hacer honor a la responsabilidad del momento: “compatibilizar lo individual con lo colectivo: dejar que la decisión de abortar pase al plano individual y asegurar que se pueda efectivizar con garantías”. El también encuentrista Enrique Pintado señalaría al dar su voto afirmativo para “despenalizar lo que la sociedad ya ha despenalizado”, que es “hora de dejar de hablar de la pobreza y hacer algo por los pobres”.

SATISFACCIÓN CON CAUSA

La votación del proyecto en general fue nominal y tensa: se hacían cálculos, los números se acercaban y el resultado era incierto. Cuando Guillermo Álvarez, presidente de la Cámara, anunció la aprobación por 47 votos contra 40, algunas de las mujeres que colmaban las barras se abrazaron, antes conmovidas que eufóricas y con sonrisas cansadas. Más que un triunfo, que lo fue en términos de avance, se congratulaban del reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acababa de hacer el pleno parlamentario, una causa tan arduamente peleada en el día a día.

Más tarde hubo diputadas que hicieron lo propio, con todo derecho: las que se empeñaron en que se encontrara una salida para el sufrimiento cotidiano de tantas mujeres, desde la Comisión de Equidad y Género cargaron sobre sus hombros con la tarea de abrir ojos y conquistar oídos, de remover conciencias y sensibilizar corazones.

Elocuente fue en sala el saludo entre la encuentrista Daisy Tourné y la quincista Glenda Rondán, dueña esta última, según dijo, de “tranquilidad de conciencia y satisfecha de no haber cedido a las presiones”. Aunque su partido, como todos los demás con representación parlamentaria, votó dividido, el líder de su sector Jorge Batlle es quien amenaza con el veto si la ley resulta aprobada.

LO QUE VIENE

Varias horas más insumió la discusión del proyecto en particular, es decir artículo por artículo. Las modificaciones fueron mínimas y, en general, previamente acordadas. Cuestiones de técnica legislativa amenazaron con empantanar la discusión en el último tramo, pero hasta eso se superó, incluso con la colaboración de algunos representantes contrarios a la iniciativa quienes, a diferencia de la bancada nacionalista que se retiró en bloque luego del primer resultado, permanecieron en sala participando hasta el final.

En esta etapa, varias veces se puso en evidencia la voluntad política de agotar el tema aprovechando al máximo la duración reglamentaria de la sesión, pese al cansancio generalizado y evidente, a las dificultades de intentar legislar en sala para sortear problemas sobre todo formales, a algunos intentos, que los hubo, de trancar al borde de la línea de llegada. Y justamente cuando el reloj de sala estaba a punto de marcar las doce de la noche del l0 de diciembre, desde la presidencia de la Cámara se anunció la aprobación del último artículo. Misión cumplida, vamos por más.

* Directora del suplemento La República de las Mujeres,
del diario La República, de Uruguay.