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miércoles 2 de enero del 2002
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Testimonio de ganadero aportó nuevos datos

Probable que los asesinos de Digna Ochoa sean guerrerenses

Adriana Contreras
cimac | México DF

El procurador general de justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, informó que las declaraciones tomadas a un ganadero de Guerrero han aportado datos para reforzar la teoría de que el asesinato de Digan Ochoa y Plácido pudo ser realizado por gente de ese estado.

Asimismo, informó que Jaime Antonio Portillo, procurador militar, se comprometió a entregar el expediente que elaboró la abogada Ochoa en contra de los militares por violación de los derechos humanos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos por militares.

Han pasado 75 días del asesinato de la defensora de derechos humanos y los posibles responsables de su muerte no aparecen.

Desde 1995 los integrantes del centro de derechos humanos “Agustín Pro Juárez” (Prodh) habían recibido amenazas de muerte anónimas. En 1999 la abogada veracruzana además de las amenazas sufrió dos secuestros, el primero de ellos el 9 de agosto y el segundo el 28 de octubre.

Ante tales acontecimientos el Prodh, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Lawyers Commitee for Human Rights, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para Digna.

Por ello, el 9 de septiembre de 1999 la CIDH pide al Estado mexicano tome las medidas pertinentes para la protección de la defensora de derechos humanos, pero a pesar de ello los actos de hostigamiento continúan, por lo que el 17 de noviembre de este mismo año la Comisión ordena al gobierno de nuestro país que se garantice efectivamente la integridad física de Ochoa y Plácido.

Es entonces que las medidas de protección quedan en manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), quien le asigna custodia personal a la defensora de derechos humanos y asigna una patrulla fuera de las oficias del Centro Prodh.

Para el 6 de junio de 2001, el gobierno mexicano pide a la CIDH se retiren las medidas de precaución argumentando que el nuevo gobierno tiene como principio el respeto a los derechos humanos. El 28 de agosto es notificado a las organizaciones que pidieron la protección y éstas aceptan el levantamiento de las medidas provisionales.

La abogada veracruzana al ver amenazada su vida en septiembre del 2000 abandonó el país y se refugió en Estados Unidos, pero su estancia en el vecino país del norte solamente duró seis meses.

A su regreso la exreligiosa se ocupó de la defensa de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos en Iguala acusados de narcotráfico por el Ejército Mexicano.

El viernes 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue encontrada en sus oficinas de la colonia Roma muerta y todo parece indicar que se trató de una ejecución, además que se encontró una nota anónima de amenaza hacia los integrantes del Prodh.

El asesinato de la defensora de derechos humanos provocó la manifestación de indignación de numerosos grupos civiles, organismos gubernamentales y organizaciones internacionales, exigiendo el esclarecimiento de los hechos.

El caso de Digna fue llevado ante la CIDH, la cual hizo un llamado a las autoridades de nuestro país para brindar protección a los familiares de la víctima y a los integrantes del Prodh. Cabe destacar que este es el primer caso mexicano que es llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de darle seguimiento y supervisar las investigaciones.

Mientras tanto, la PGJDF, que es la encargada de realizar las indagaciones del asesinato, a un mes de los acontecimientos, 19 de noviembre, dio a conocer las tres líneas de investigación que se siguen en la aclaración de los hechos: su relación con sus familiares y amigos, sus actividades como abogada y defensora de derechos humanos, por último la que al parecer involucra a militares: su viaje a Guerrero con el fin de defender a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

La PGJDF continúa con sus indagaciones, pero a casi tres meses del asesinato no se tiene todavía una línea clara que lleve a la captura del asesino o asesinos de Digna Ochoa.







       
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