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miércoles 13 de febrero de 2002
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Nueve años de violencia contra la población femenina

Falta de voluntad de autoridades para resolver los casos de asesinadas en Ciudad Juárez: Altolaguirre

Silvia Magally cimac | México DF

La relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los Asuntos de la Mujer, Martha Altolaguirre se dijo decepcionada por la lentitud y negligencia en las investigaciones de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, tras nueve años de violencia sistemática en contra de la población femenina en esa localidad.

En conferencia de prensa, la funcionaria comentó que es obvia la falta de voluntad para detener esos crímenes que vienen ocurriendo desde 1993.

Tras reconocer que existe un acercamiento con el presidente Vicente Fox y descartar presiones a su gobierno por parte de la CIDH, Altolaguirre sostuvo que no obstante la gravedad de la situación y las medidas que se llevan a cabo, la respuesta estatal frente a estos crímenes sigue siendo marcadamente deficiente.

Consideró como un problema serio el rezago de casos desde 1993, pues implican una gran dificultad para lograr conseguir evidencias y realizar las pruebas de laboratorio.

Más aún, cuestionó la falta de intervención de las autoridades policiacas para proteger "rutas de riesgo" -- que fueron claramente identificadas-- cercanas a las zonas de maquila donde trabajaban muchas de las mujeres asesinadas.

Según una carta que recibió durante su reciente visita a Ciudad Juárez, respaldada con cinco mil firmas dice: "las mujeres que viven en Ciudad Juárez tienen miedo. Miedo de salir a la calle y recorrer la distancia del camino de su casa a su trabajo. Miedo a los 10, 13, 15 y 20 años, no importa si se es niña o mujer."

La relatora informó que durante su estancia en aquella ciudad fronteriza, los representantes de la sociedad civil expresaron reiteradamente que la administración de justicia en el estado ha sido ineficaz para esclarecer estos crímenes, propiciando impunidad e inseguridad.

Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chihuahua presentó información acerca de 268 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez desde enero de 1993 hasta el mismo mes del 2002.

En muchos casos se trata de jóvenes, obreras de maquiladoras o estudiantes, algunas menores de edad, quienes fueron violadas, estranguladas o acuchilladas y cuyos cadáveres aparecieron abandonados en las inmediaciones de la ciudad.

En relación con esos casos, la PGJE dijo que la mayoría sigue bajo investigación sin esclarecimiento. Además informó que en los asesinatos existen homicidas múltiples.

La misma instancia dio a conocer que de las cuatro mil 154 desapariciones denunciadas durante el mismo periodo, al menos 257 quedan pendientes.

La relatora especial refrendó el apoyo de la CIDH al gobierno mexicano y a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones al problema de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, al considerar que es deber del estado tomar medidas razonables para prevenir violaciones de los derechos humanos, tanto bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la de Belem Do Pará.

Altolaguirre aseveró que la CIDH ha dado evidencias de su eficacia, recientemente --en el caso del general Gallardo--, por tratarse de un sistema hemisférico cuya única finalidad es vigilar el respeto de los derechos humanos de las personas.

Confió en que en breve la Comisión, después de realizar un análisis de la situación de Ciudad Juárez, elabore un informe donde haga las recomendaciones pertinentes al gobierno mexicano.

Altolaguirre indicó que en el caso de existir suficientes evidencias que determinen que el Estado violó derechos humanos, el caso de los asesinatos de 268 mujeres en Ciudad Juárez podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.

Opinó que el caso de Ciudad Juárez requiere de la coordinación de todas las instancias para salvar la vida de las personas y evitar la impunidad, que es "inaceptable para la Comisión". Se trata de facilitar un trabajo conjunto más allá de las diferencias políticas.







       
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