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miércoles 31 de julio de 2002
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Devolver la credibilidad a la opinión pública: reto de Margarita Guerra

El laberinto de las indagatorias del caso Digna Ochoa

Román González cimac | México, DF

Lo primero que debe hacer Margarita Guerra, nueva responsable de la fiscalía encargada de investigar el asesinato de la abogada defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y Placido, es restablecer el sentimiento de credibilidad en la opinión pública acerca de que efectivamente se desarrollará una investigación imparcial al respecto.

A 24 horas de asumir su nuevo cargo, Margarita Guerra se enfrenta al reto de esclarecer lo que a 10 meses de la muerte de Digna Ochoa aún se desconoce; toda vez que su antecesor, Renato Sales Heredia y quien continúa laborando en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no mostró más que parcialidad en las investigaciones y sembró la incertidumbre dejando de paso la teoría del suicidio.

Versión contradictoria a las anteriores y primeras indagaciones, en las que se concluye que Digna Ochoa había sido asesinada; incluso Orce, el primer fiscal especial para este caso, elaboró en su informe presentado a finales de diciembre una serie de dibujos en los que describe la forma como pudo haber sido ejecutada.

Para Bernardo Bátiz, titular de la PGJDF y quien al principio afirmó que se trataba de un crimen político, ahora asegura que "ahí vamos con las investigaciones; somos realistas y en estos momentos efectuamos todos los análisis de indagatorias que tenemos, basados en un trabajo profesional y sumamente cuidadoso".

Palabras van palabras vienen, el caso es que la muerte de Digna Ochoa está plagado de anomalías e incluso siguen vigentes las amenazas contra Pilar Noriega (primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF) y Bárbara Zamora (abogada de la familia de Digna Ochoa), lo que significa una grave amenaza contra los defensores de derechos humanos de todo México; particularmente de las mujeres.

Además, el asunto de la defensora de los derechos humanos muerta ha trascendido las fronteras, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido que se proteja a los defensores de derechos humanos amenazados de muerte, además de solicitarles a las autoridades mexicanas que se les informe cada tres meses.

INSISTENCIA DEL SUICIDIO La más aberrante de todas las líneas de investigación y, por lo mismo, la más cuestionada, es la hipótesis del suicidio: impugnada por amplios sectores de la sociedad que no atinan a explicarse cómo es posible que una persona –sobre todo con las características de Digna Ochoa– se diera un balazo de calibre .22 en el cráneo (lo que le causó la muerte inmediata) y luego se diera otro en el muslo izquierdo.

A esa misma hora en la que ocurrieron los tiros, vecinos del despacho de la colonia Roma de esta ciudad aseguran que el 19 de octubre de ese 2001 escucharon ruidos y golpes en la pared, pero cesaron sin aparentemente mayor consecuencia.

Junto al cuerpo de la abogada veracruzana se encontró una nota anónima con amenazas de muerte a integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Prodh), con quienes colaboró como coordinadora del área jurídica y donde llevaba varios casos de violación a los derechos fundamentales por parte del ejército mexicano contra la población opositora al gobierno estatal de Guerrero.

Para José Reveles, periodista investigador en derechos humanos, la versión del suicidio no es nueva, sólo ha sido resucitada con fines siniestros para llevar al fracaso una indagatoria que apunta a la supuesta responsabilidad de militares, agentes de los sótanos del espionaje y autoridades de alto rango.

Para el periodista, los peritajes arrojaron desde las primeras investigaciones que el cuerpo había sido movido; si ahora se maneja la versión supuestamente sólida de un suicidio, “¿cómo pudo haberse movido el cuerpo de la mujer que se quitó la vida? Es totalmente absurdo”, concluyó.

Otro dato absurdo que comenta Reveles es la relación de tipo homosexual que se dice Digna tuvo antes de su noviazgo con Juan José Vera, a quien también se le consideró sospechoso en un principio.

Una línea más de investigación indicaba un posible pleito de dinero entre los socios del despacho donde colaboraba Ochoa. Aún quedan otras opciones igual de absurdas, puntualiza.

Por todo ello el periodista investigador demanda que las autoridades utilicen una mínima lógica: “¿cómo hablar a estas alturas de suicidio si ya desde noviembre la PGJDF presionaba a los socios de Digna Ochoa (Gerardo González y Lamberto González Ruiz) para hacerlos confesar que habían movido el cuerpo?”

MAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

No obstante, es interesante observar que aún hay otras líneas de investigación sobre el caso Digna Ochoa que apuntan al homicidio.

Desde un principio las indagaciones revelaron que el crimen había sido cometido por más de una persona, que la puerta del despacho de Digna no había sido forzada y que no se habían encontrado huellas de desorden o de violencia en el lugar; también, quedó claro que el asesinato había sido cometido con una pistola semiautomática calibre .22, de larga de fabricación checoslovaca y de los años 40 o 50.

También, se dijo que su muerte estaba vinculada a su condición de abogada en la región de Petatlán de la Sierra del Estado de Guerrero, debido a los problemas socioeconómicos y de violación a los derechos humanos por parte de los caciques de la zona; entre ellos el de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (campesinos que defendían el hábitat de sus comunidades), liberados 21 días después de la muerte de la abogada.

Una versión más es la que el diario acapulqueño El Sur publicó presentando a sus lectores un testimonio anónimo, según el cual un tirador de la sierra (presuntamente Nicolás Martínez, inspector de la policía municipal) había sido el asesino de la abogada en la Ciudad de México, acompañado por su sobrino Octavio Zárate Martínez, por instrucciones del exalcalde de Petatlán, Rogaciano Alba.

Otra de las interpretaciones apunta hacia el general Guillermo Álvarez Lara, exdirector de la policía judicial federal en el sexenio pasado, de quien se dice actuó de forma amenazante contra Digna Ochoa.

Además, debido a que el procurador general de la república, Rafael Macedo de la Concha, era procurador militar cuando la abogada llevaba la defensa de los campesinos ecologistas Montiel y Cabrera, en opinión de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y de los propios familiares, no sería saludable que la PGR se encargara de esclarecer el crimen.

INDIFERENCIA

Independientemente de las versiones anteriores, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha señalado que las autoridades hallaron mensajes intimatorios el 7, el 10 de agosto y el 16 de octubre del 2001: apenas tres días antes de la muerte de Digna Ochoa.

Es más, durante cinco años la procuraduría capitalina no sólo supo de amenazas contra Digna Ochoa sino también contra otros defensores. "Hubo seis averiguaciones previas, de las cuales la procuraduría hacía como que investigaba, pero no hacía nada”, señala la CDHDF en uno de sus informes.

“Los expedientes simplemente se acumularon y no se investigó ni de manera integral ni separada”, refiere la conclusión de la CDHDF; razón por la cual tomó esta investigación de oficio, que no es sobre el crimen sino sobre la diligencia y negligencia de las autoridades judiciales del DF.

Como se ve, Margarita Guerra --propuesta por Rosario Ibarra de la Piedra, Miguel Ángel Granados Chapa y Magdalena Gómez como nueva encargada de investigar el caso de la abogada defensora de los derechos humanos-- tiene el desafío de darle transparencia a la indagación.







       
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