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martes 25 de junio de 2002
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Homicidios femeninos: sexismo reiterado

Ciudad Juárez, la historia de la impunidad

cimac | México DF

La historia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (más de 280) data de hace nueve años. Durante ese tiempo han pasado dos gobernadores y cuatro fiscales especiales sin que hasta la fecha hayan logrado esclarecer fehacientemente por lo menos un asesinato. Y para colmo, la mesa interinstitucional que debería haber iniciado ayer sus trabajos para avanzar en la justicia hoy se encuentra detenida.

La suma de anécdotas y declaraciones sesudas se suman. Por ejemplo, para el exgobernador Francisco Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN), hoy contralor federal, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez eran una situación natural en virtud de que las víctimas caminaban por sitios oscuros y se vestían de manera provocativa con minifaldas.

Ayer, el gobernador Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI ), se negó a instalar la mesa interinstitucional en la que participarán representantes de la sociedad civil y familiares de las víctimas con el fin de para contribuir en las investigaciones.

Los primeros homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se empezaron a registrar en 1993. Hasta la fecha suman más de 280 --de los cuales 30 por ciento son seriales-- y 500 desaparecidas, sin que ninguno se haya esclarecido.

COMO PENÉLOPE, TEJEN Y DESTEJEN

En 1994 la subprocuraduría de Justicia del estado inició 11 averiguaciones previas en Ciudad Juárez por el mismo número de homicidios de mujeres encontradas en diversos predios de la ciudad. De esas averiguaciones, en apariencia cinco se resolvieron y seis quedaron pendientes; de éstas la mitad aún están pendientes de identificar.

En 1995 las organizaciones de mujeres del estado y del país pidieron la apertura de la agencia especializada de delitos sexuales en Ciudad Juárez, a la vez que solicitaron la creación de una comisión especial en el Congreso local, a fin de darle seguimiento a las investigaciones judiciales.

Tuvieron que pasar seis años, cuando el número de mujeres asesinadas ascendía a más de 250, para que se formara (en 2001) la comisión especial con el voto unánime de las fracciones parlamentarias del Congreso.

En 1997, con la entrada de la nueva legislatura al Congreso federal, el caso llegó hasta la tribuna de la nación. Por vez primera, el 15 de noviembre se conformó una comisión especial para que acudiera a Ciudad Juárez a verificar la situación de las investigaciones.

Mientras tanto, las organizaciones no gubernamentales (ONG), conformadas en la Coordinadora de ONG en Pro de la Mujer, pidieron la creación de una fiscalía especial para que se abocara a investigar los crímenes.

El entonces gobernador de la entidad, Franciso Barrio Terrazas, sostuvo que las "fiscalías nunca han servido" y puso como ejemplo las fiscalías especiales para el Caso Colosio y Posadas. En ese mismo año de 97 se registraron 27 asesinatos más.

Pasó todo el año y Barrio Terraza se negó a crearla; no fue sino hasta enero de 1998 cuando lo aceptó y nombró a María Antonieta Esparza como su titular. Un mes después recibiría a una delegación de 15 legisladoras federales de todos los partidos políticos integrantes de la Comisión de Equidad y Género.

En ese 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso y emitió una recomendación al respecto en la que hablaba de impunidad y deficiencia en las investigaciones. Por primera vez en al historia la CND emite una recomendación por sexismo en la investigación.

Poco antes de concluir su gestión, el gobernador Francisco Barrio señala que los crímenes de mujeres constituyen un porcentaje que puede ser considerado "normal".

DISTINTO PERSONAJE, MISMAS ACCIONES

Con la llegada del nuevo gobierno que encabeza Patricio Martínez, éste promete esclarecer plenamente todos y cada uno de los casos; sin embargo los homicidios de mujeres no sólo no han cesado sino que además se detuvo también la información oficial sobre el situación que guardan las investigaciones.

Para marzo de 1998 dos perfiladores del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos llegaron a Ciudad Juárez a recopilar información con la intención de apoyar la investigación de la subprocuraduría de Justicia de la zona norte.

Hasta donde se tiene conocimiento, se llevaron 25 expedientes sin que hasta hoy hayan efectuado declaración oficial sobre su análisis. En ese mismo año de 1998 se nombra nueva fiscal especial y en esta ocasión recae en Sully Ponce.

En febrero de 1999 el nuevo procurador Arturo González Rascón, en reunión sostenida con las organizaciones de mujeres, declaró que "las mujeres que tienen vida nocturna salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores; por lo que están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse", dice.

En julio de 1999 la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias, Asma Jahangir, visitó Ciudad Juárez y determinó que las investigaciones efectuadas denotaban falta de impartición de justicia.

En el año 2000 se encuentran sin vida 29 mujeres y con ellas quedan muchas preguntas sin responder. ¿Qué están haciendo las autoridades para erradicar los asesinatos de las mujeres en la frontera norte del país? La organización Voces sin Eco, integrada por familiares de las víctimas, continuó ejerciendo presión con las autoridades e intentó hablar con el gobernador de la entidad; pero nunca fue recibido.

Un año después la relatora especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Param Cumaraswamy, visitó Ciudad Juárez y declaró en su informe, presentado después de su visita, que es claro que la investigación de esos asesinatos (en los que sólo desde 1993 han muerto más de 250 mujeres) ha sido "ineficiente e incompetente, si es que acaso ha habido alguna investigación".

El 12 de febrero de 2002 la relatora especial de Asuntos de la Mujer, Martha Altolaguirre, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), igualmente visitó Ciudad Juárez para platicar con los familiares de las víctimas, lo mismo que con organizaciones civiles y autoridades locales y federales; empero se dijo decepcionada por la negligencia y lentitud de las autoridades en el seguimiento de los casos de mujeres asesinadas.

LA ESPERA SE HACE ETERNA

Ya para marzo de este mismo año la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) nombró a la abogada Liliana Herrera López como nueva fiscal especial para investigar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

Herrera López sustituye a la maestra universitaria Zulema Bolívar, que renunció al cargo que ocupó durante seis meses, y fue la encargada de investigar los homicidios de las ocho mujeres localizadas sin vida en un campo agrícola de la Zona Dorada, que dieron como resultado la detención de Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, y Gustavo González Meza, La Foca, los cuales reconocieron en interrogatorios haber matado a 11 mujeres; entre ellas las ocho que estaban en el mismo lote baldío.

Ahora, poco antes de finalizar el mes de junio, integrantes de organizaciones civiles, sindicatos y académicos envían una carta al gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, en la que le piden la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en las investigaciones de las asesinadas de Juárez y la instalación de una mesa interinstitucional conformada por familiares de las víctimas, y ONG.

Como se recordará el gobierno anterior, encabezado por el actual contralor de la federación Francisco Barrio Terrazas, solicitó la participación del FBI para solucionar los homicidios; sin embargo la administración de Patricio Martínez desestimó la intervención de los investigadores estadunidenses al considerar que los casos "estaban resueltos", toda vez que habían capturado al egipcio Latif Sharif Sharif (en 1995), a las bandas de Los Rebeldes (en 1996) y a los Ruteros (en 1999).

El gobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez, decidió cancelar la instalación de la primera mesa interinstitucional y diálogo donde se analizarían los expedientes judiciales de las más de 200 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, programada para el día de ayer 24 de junio.

A decir del gobierno estatal de Chihuahua, la cancelación de la mesa se derivó del enfrentamiento que tuvo el gobernador de la entidad y su esposa con integrantes de las organizaciones civiles, cuando el miércoles pasado intentaron entregarle una misiva.

(Con información de Sonia del Valle)







       
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