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martes 4 de junio de 2002
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Casi un lustro que el FBI espera a que lo llamen

Reticencia de las autoridades a investigar los asesinatos de Ciudad Juárez

Sonia del Valle, enviada cimac | Ciudad Juárez

Establecer un grupo élite de investigación, crear una sala de guerra (como se le denomina al lugar físico donde se conjuntan las evidencias), volver a entrevistar a algunos de los declarantes y clasificar los homicidios según el tipos, son algunas de las 40 "sugerencias" que el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) le hizo al gobierno de Chihuahua sobre el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

Hace más de cuatro años, a petición expresa del gobernador --en ese entonces Francisco Barrio Terrazas, actual contralor general del país-- el FBI visitó Ciudad Juárez durante una semana. Ocasión en la que la Procuraduría General de Justicia de la entidad le entregó más de 70 expedientes.

El FBI entregó los expedientes a su Programa de Aprehensión de Crímenes Violentos (VICAP, en inglés), especializado en cotejar tipos de crímenes, lugares, modus operandi y posibles delincuentes.

Tras este análisis, el FBI concluyó que una tercera parte de los expedientes que le proporcionaron "eran motivo de preocupación, dado que se apreciaban características similares e inconsistencias en las declaraciones de algunas de las personas investigadas".

Por primera vez relata lo anterior el agente especial del FBI Kent Switzer, quien trabaja en la oficina de El Paso, Texas, y fue uno de los agentes de esa institución que hace más de cuatro años se involucró en la misión que hicieron a Ciudad Juárez dos investigadores de Quántico, Virginia, expertos en crímenes seriales con la finalidad de identificar a un posible asesino serial y sacar su perfil criminológico.

La visita de los investigadores ocurrió en marzo de 1998; entre que se analizaron los más de 70 expedientes y presentó su informe el FBI --que por vez primera se dio a conocer esta semana-- Francisco Barrio Terrazas dejó de ser gobernador del estado y le sucedió Patricio Martínez.

También, en el lapso en que el FBI analizó los expedientes que le facilitó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Sully Ponce fue nombrada fiscal especial para la investigación de los homicidios de mujeres en la misma PGJE.

Hasta marzo de 1998 el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez era de 139, para mayo del 2002 ya había ascendido a 270, según reportes de las organizaciones civiles de la ciudad.

Tras la llegada de Ponce, en marzo de 1999, se capturó a la banda de Los Ruteros y, desde entonces, las "sugerencias del FBI" han sido desestimadas bajo el argumento de que ya habían atrapado a los responsables de los crímenes.

La historia de los asesinatos en Ciudad Juárez actualmente registra 270 mujeres que han perdido la vida y han sido catalogados por las autoridades como asesinatos de tipo A (homicidios múltiples), que hasta febrero de este año eran poco menos del 32 por ciento de los casos, y el resto de tipo B (homicidios situacionales), es decir, pasionales, por robo, violencia familiar o asaltos.

A decir del actual procurador de justicia de la entidad, Jesús José Solís Silva, El Chito Solís, la administración pasada "nos dejó con una ciudad desquiciada; con una serie de expedientes mal consignados a los que les faltan datos técnicos, científicos y se aprecia el desinterés de los policías judiciales para investigarlos".

La misma fue la conclusión a la que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos: en su recomendación 44/98 sostiene que las averiguaciones están mal integradas y acusó al gobierno local de sexista en las investigaciones y dilación de justicia.

Sully Ponce, exfiscal especial y ahora funcionaria de la Secretaría de Gobernación del estado, señaló al respecto: "Cuando llegamos a la fiscalía nos dimos cuenta que hasta los fotógrafos movían los cuerpos para tomar la foto a gusto. Todo el mundo intervenía en las indagatorias."

Las autoridades locales aseguran que para componer "el desorden" han efectuado diversas acciones tendientes a esclarecer los casos; por ejemplo, se capacitó a los agentes investigadores, se reorganizó la fiscalía, se establecieron enlaces con el FBI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les impartió cursos de actualización a los agentes del ministerio público, además de un diplomado sobre averiguaciones previas.

También se allegaron de tecnología de punta, como un mapa digital que, sostienen, es capaz de reconocer las zonas de alto riesgo. Con ese mapa las autoridades pudieron determinar que la hora, los días y el mes más peligroso son las 23 horas; los días martes y viernes, y el mes de noviembre.

También indicaron que la ruta de transporte público más insegura es la 1A, la misma en la que trabajaba uno de los choferes detenidos a finales del 2001, apodado El Cerillo.

A la fecha las autoridades aseguran que el egipcio con nacionalidad americana Abdel Latif Sharif está consignado por tres homicidios pero sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de una sola mujer; no obstante, Sharif consiguió el año pasado que se suspendiera su sentencia en tanto no se revisara el caso, las evidencias y las declaraciones que al parecer lo inculpan de cometer el asesinato de Elizabeth Castro García.

En 1996 se detuvo a la Banda de los Rebeldes, acusados de seis homicidios, y en 1999 a la de los Ruteros, por el mismo número de asesinatos. La tesis de la fiscalía es que todos están relacionados con Sharif, quien les pagaba para cometer los crímenes.

A finales del 2001 detuvieron a El Cerillo, Víctor Javier García Uribe, y a la Foca, Gustavo González, acusados de los asesinatos de ocho mujeres cuyos cadáveres fueron localizados en la zona dorada. En febrero de este año el abogado defensor de El Cerillo, Mario Escobedo, fue "confundido" y los agentes de la judicial del estado lo asesinaron.

NINGUNO DE LOS DETENIDOS TIENE SENTENCIA DEFINITIVA

Y aún más, de acuerdo con el agente especial del FBI, por el tiempo transcurrido, la falta de evidencias y la mala integración de las averiguaciones es probable que una buena parte de los homicidios "no puedan esclarecerse jamás".

Tras el análisis del FBI a los expedientes se concluyó también que 23 de los casos tenían similitudes y podrían tener relación unos con otros, por lo que solicitaron una visita de campo a la ciudad y profundizar las hipótesis.

Pero ahora se toparon con la negativa de la actual administración, pese a que paradójicamente ha sostenido en diversas ocasiones --la más reciente a raíz de la visita que hiciera la relatora especial sobre asuntos de la mujer, Martha Altolaguirre, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-- que es "bienvenida la colaboración internacional".

Así lo sostuvo Sergio Martínez de la Garza, secretario de gobierno de Patricio Martínez, quien en febrero de este año indicó: "es importante lograr la colaboración de organizaciones como Scotland Yard o el FBI para que ayuden al esclarecimiento de los hechos".

A pregunta expresa al agente Switzer, éste afirmó que de 1999 a la fecha "ninguna autoridad del gobierno local o federal ha solicitado la colaboración del FBI". Petición de colaboración que reconoce debe venir principalmente de las autoridades federales.







       
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