Más de 100 huérfanos y 65 viudas esperan la justa reparación a los daños que sufrieron cuando perdieron a sus esposos y padres masacrados en cinco zonas indígenas de México durante los últimos siete años, la más recientes de las cuales acontecieron en la comunidad purépecha de Santiago Xilotepec, Oaxaca, el pasado 31 de mayo con la pérdida hasta el momento de 27 vidas y otra, durante este fin de semana pasado en Huécato, comunidad purépecha de Michoacán, con cuatro muertos al cierre de la edición.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictaminó reparación del daño tanto en las masacres de Aguas Blancas (1995) y El Charco(1998) en Guerrero, así como Acteal (1997) y El Bosque (1998) en Chiapas, esta acción tendría que incluir la indemnización de todas las pérdidas materiales y humanas.

Lo anterior se traduce en costos para el gobierno, explicó en entrevista Marina Patricia Jiménez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), para empezar "porque se tiene que elaborar un dictamen para determinar el proceso de crecimiento de todas las personas que han estado afectadas y luego, generar mecanismos para indemnizar y otorgar salud, educación y otros servicios".

Para 17 viudas de la matanza de Aguas Blancas, dos viudas y 10 viudos de Acteal y las ocho cónyuges de hombres asesinados tanto en El Charco como en el Bosque, la reparación del daño ha sido parcial.

Jiménez Ramírez abunda en el caso chiapaneco, donde trabaja con algunas de las 12 mil 300 personas desplazadas por la guerra iniciada en 1994: "las viudas reciben una ayuda solidaria de la comunidad, misma que no es suficiente porque los hijos van creciendo y las necesidades son distintas. La situación no está resuelta".

Sin la ayuda alimentaria de la Cruz Roja y sin recursos para recuperar la tierra, la hambruna se asoma. Además "en el caso de la legislación en Chiapas, las mujeres carecen de derechos a la tierra," señala la antropóloga.

El 13 de junio de 1998, en un operativo con la participación de mil 200 elementos de las policías locales y el Ejército en El Bosque, municipio de Simojovel, Chiapas, murieron ocho campesinos. El 25 de noviembre, el gobierno estatal indemnizó con 340 mil pesos a los deudos.

Sin embargo, la organización internacional Sipaz denunció que los deudos sufren un síndrome general de estrés postraumático, el cual requiere de atención psicológica.

El CDHFBC presentó en febrero de 1999 una propuesta de indemnización de las viudas, derivada de la recomendación 74/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Calculó que cada familia tendría que recibir, por lo menos, 84 mil pesos. Es decir, cuatro veces más que la propuesta original del gobierno. Finalmente, recibieron 45 mil pesos, aproximadamente 430 dólares.

Esa cifra es cinco mil pesos menor a la cantidad recibida por las viudas de Aguas Blancas, quienes construyeron a partir de la fecha de la matanza --28 de junio de 1995 -un movimiento en busca de justicia por el asesinato de sus esposos, todos ellos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.

Sin embargo, la entrega de apoyos oficiales las dividió. Reynalda Gutiérrez, Paula Galeana Balanzar y Paula Mendoza rechazaron la indemnización al criticar a otras viudas quienes, aseguraron, se casaron otra vez y se acercaron para obtener dinero al Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con un artículo que se puede consultar en proceso.com.mx.

Mientras que el Comité de Viudas de El Charco, quienes perdieron a sus esposos a manos del ejército el 7 de junio de 1998, sigue en lucha porque carecen de acceso al trabajo, educación o salud, así como de rehabilitación para los supervivientes, dijo a cimacnoticias el director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez.

Catalina Leobardo Aurelia, con 24 años de edad y seis niños se queja: "ahora mi trabajo es cuatro veces más que antes y con menos dinero que antes". Para pedir una indemnización justa, tiene que caminar cinco horas desde su comunidad, Ocote Amarillo, consigna un testimonio de la Limeddh.

Para las nuevas viudas del caso Agua Fría, nada pinta mejor, a pesar de que los gobiernos local y federal se acercaron con asistencia durante el fin de semana pasado. Pero mientras que ellas superan el choque, hacinadas con sus hijas e hijos en un albergue, las otras viudas piden ya para ellas justa reparación del daño ante la prensa.

Así tendría que ocurrir también con las tres viudas y ocho huérfanos purépechas, cuyos familiares murieron a manos de efectivos del 37 batallón de Infantería con matriz en Zamora, Michoacán quienes se enfrentaron con un grupo de aproximadamente 25 individuos al sur de Tangancícuaro en esa entidad, tal y como lo detalla un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional.