Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) y organizaciones no gubernamentales mexicanas presentarán la solicitud para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigue el caso Paulina, menor a quien el gobierno de México violentó sus derechos, negándole el recurso del aborto por violación.

De acuerdo con las organizaciones mexicanas Alaíde Foppa y Epikeia, en México el aborto en casos de violación es legal en el primer trimestre del embarazo, pero es casi imposible su práctica debido a la falta de reglamentación, lo que provoca el abuso de autoridades a los funcionarios públicos, que en el caso de Paulina antepusieron sus creencias religiosas a sus obligaciones públicas.

"Con este caso queremos asegurar que se haga justicia a Paulina cuyos derechos han sido gravemente violentados así como exigir al gobierno mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aun cuando sean contrarias a la moral católica", sostuvo la subdirectora del Programa Internacional del CRLP, Katherine Hall Martínez.

Paulina, cuyo caso es conocido internacionalmente, tenía 13 años de edad en julio de 1999 cuando fue violada por unos drogadictos quedando embarazada, sin embargo agentes públicos y médicos del servicio de salud del Estado de Baja California, le impidieron ejercer su decisión a interrumpir el embarazo por medio de amenazas y presiones.

Las organizaciones que acudirán ante la CIDH buscan que México reconozca su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Paulina a una protección judicial, a su autonomía reproductiva y a su intimidad. Igualmente esperan que el gobierno garantice el ejercicio del derecho a un aborto legal a las víctimas de violación.

También exigirán una indemnización para Paulina y su familia al proponer al gobierno que promueva regulaciones que establezcan el uso de la anticoncepción de emergencia para las víctimas de violación dentro de los servicios médicos básicos.

Las negociaciones con el gobierno mexicano empezarían una vez que la Comisión Interamericana declare admisible la petición, sin embargo de fracasar esta gestión el caso podría ser enviado a la CIDH, con sede Costa Rica.