La investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, tomó un viraje inesperado ante la sugerencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el suicidio de la abogada veracruzana, idea que generó protestas entre sus allegados y otros grupos de la sociedad civil.

La PGJDF aclaró hoy que todavía no se tienen resultados precisos en la investigación del asesinato de Digna Ochoa, por lo que la línea que se sigue en torno a un suicidio, como lo han publicado algunos diarios, es solamente una más de las hipótesis y, por lo tanto, no es un resultado definitivo.

Según la Procuraduría, lo que hace suponer que en el caso de la defensora fue un suicidio y no homicidio, es que Ochoa tenía el carácter fuerte como para haberse defendido; la ropa con que la encontraron muerta era la misma que la que traía puesta el día anterior; los disparos y su trayectoria son los característicos de un suicidio y el arma utilizada era de su propiedad, lo que indica que probablemente pudo haberse quitado la vida.

Sin embargo, aunque continúan las declaraciones ministeriales --dos militares del Ejército Mexicano ya rindieron declaración ante la PGJDF y existen otras diligencias desahogándose como parte de la investigación-- el suicidio es una de las líneas principales del caso.

Por lo anterior, el hermano de la víctima, Jesús Ochoa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), afirmaron que es preocupante que se manejen esos datos, ya que aparentemente forman parte del expediente de la PGJDF, la cual ésta tiene la obligación de informar a la familia, a la opinión pública y a la comunidad internacional de los resultados de las indagatorias, si es que ya llegaron a algunos.

Como parte de sus peticiones también está que se verifique la prueba técnica producida en la investigación, mantener la participación y apoyo técnico del experto contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y profundizar en la investigación dirigida a verificar si en los hechos existió participación de agentes del Estado o de cualquier otra persona.

En tanto la PGJDF comunicó que sancionará a quienes filtraron la información en estos medios quienes, en lugar de dar información, sólo desinforman.