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lunes 11 de noviembre de 2002
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Sin dar avances, dice que la investigación “se ha ahondado”
Bátiz, “satisfecho” por investigaciones del caso Digna Ochoa

Miriam Ruiz cimac | México, DF

“Estoy muy satisfecho”, expresó el procurador general de justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, respecto del estado de la investigación a un año del homicidio de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa.

“Digna Ochoa es un asunto que en sí mismo tiene muchas complicaciones y que a pesar de ello se ha hecho un trabajo del que yo estoy muy satisfecho, se ha ahondado mucho en la investigación”, declaró hoy al asistir a la inauguración del Primer Encuentro para la Construcción de la Agenda de Derechos Humanos de la Ciudad de México, convocado por el ombudsman capitalino.

Bernardo Bátiz anunció a la prensa que se espera la llegada en la próxima semana del equipo de los cuatro peritos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar las pesquisas.

Tres fiscales especiales a cargo del caso (Álvaro Arceo Corcuera, Renato Sales y la actual fiscal Margarita Guerra y Tejada), 200 testimonios, 149 peritajes, 106 informes policiacos y 56 inspecciones ministeriales más tarde, el procurador capitalino confía en que con el profesionalismo de Margarita Guerra pronto se llegue a un resultado.

“No es cierto”, fue su respuesta ante los cuestionamientos de la familia Ochoa y Plácido sobre el estancamiento de las investigaciones.

Inicialmente, el año pasado, el procurador Bernardo Bátiz declaró que Ochoa fue asesinada, e incluso calificó el caso como un crimen político. Poco después, el segundo fiscal especial para el caso sostuvo que la defensora de derechos humanos se suicidó.

La abogada Digna Ochoa y Plácido fue encontrada muerta el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma, en la ciudad de México, con dos disparos de arma de fuego, después de recibir una serie de amenazas anónimas.

Como parte de su trabajo en el jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la ex religiosa tuvo a su cargo, entre otros casos, la defensa de indígenas chiapanecos y guerrerenses acusados de guerrilleros y que fueron torturados o ejecutados por militares.

También llevó los casos de los presuntos zapatistas de Yanga, Veracruz, y el estado de México (1995), además de los de Aguas Blancas y El Charco (1995), Guerrero; Acteal, Chiapas (1997), y los ecologistas guerrerenses presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.







       
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