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lunes 25 de noviembre de 2002
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Autoridades obstaculizan la investigación, afirman
Se extiende el feminicidio a otras zonas de Chihuahua

Román González cimac | México, DF

Los asesinatos y desapariciones de mujeres continúan en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahora se han extendido a otras zonas como la capital del estado, aseguró hoy la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, así como de las campañas “Alto a la impunidad: ni una muerta más” y “Justicia para nuestras hijas”, el organismo civil exigió al gobierno mexicano esclarecer los crímenes cometidos contra mujeres en esa entidad fronteriza.

La encargada del área de Defensa de la CMDPDH, Adriana Carmona López, señaló como preocupante la actitud de las autoridades que, lejos de investigar, obstaculizan la indagación y no brindan seguridad a las mujeres de la zona, provocando un clima de hostigamiento y violencia contra la población femenina.

En la sede de la organización, Carmona López reveló que en el caso de las autoridades estatales, los familiares de las víctimas y organizaciones han enfrentado constantemente maltrato, negligencia y expedientes mal integrados, así como la práctica de la tortura para arrancar confesiones a presuntos responsables.

Por su parte, madres de jóvenes desaparecidas de la ciudad de Chihuahua dijeron: “algunas de nosotras finalmente encontramos a nuestras hijas; violadas, asesinadas y tiradas en cualquier lugar, otras continuamos buscándolas”.

“Todas hemos sufrido el mismo calvario. A la desesperación, el dolor y la angustia de perder a una hija debemos añadir el maltrato que sufrimos de las autoridades, pues cuando acudimos a denunciar una desaparición, nos rechazan argumentando que deben pasar 48 horas, perdiendo tiempo valioso”.

Una de ellas, Guadalupe Zavala, madre de Erika Ivón Ruiz Zavala (16 años de edad, encontrada asesinada y semienterrada el 29 de junio de 2001), resaltó que la autoridad las culpa porque trabajan fuera del hogar y dicen que las tienen abandonadas.

O bien, abundó, a las que trabajamos en nuestras casas, las autoridades argumentan que las tenemos muy cuidadas y no tienen libertad, “de tal forma que invariablemente las principales responsables somos las familias”.

Denunció que cuando han querido denunciar u organizarse, las autoridades locales las amenazan con que si andan de “alborotadoras”, entonces “no buscarán a nuestras hijas”.

Tanto Carmona López como las madres de las jóvenes exigieron al gobierno mexicano que cesen el hostigamiento y la represión en contra de los familiares y defensores que colaboran en el esclarecimiento de los crímenes hacia las mujeres.







       
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