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martes 12 de noviembre de 2002
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La retórica oficial se estrella contra la realidad de los familiares
El laberinto de las inconsistencias en los crímenes de Juárez

Rafael Maya cimac | México, DF

El informe que el pasado 18 de octubre presentó en Washington la Procuraduría General de Justicia (PJG) del estado de Chihuahua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a las investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, no hace más que evidenciar el laberinto de inconsistencias, ineficacia e impunidad en el que están sumidas las autoridades judiciales –locales y federales– en su intento por aclarar esos crímenes.

El titular de la PGJ en ese estado, José Solís Silva, le entregó a la institución dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un escueto informe de doce cuartillas en el que da cuenta somera acerca de los expedientes de los homicidios de mujeres en la ciudad fronteriza (más de 280, a decir de diversas ONG), así como de diversas acciones emprendidas por el gobierno estatal con miras a prevenir la violencia de género y, desde su punto de vista, agilizar las pesquisas.

Con lujo de retórica, Solís Silva reconoció “el fenómeno de la impunidad” en Ciudad Juárez, por lo que subrayó que el gobierno encabezado por el priísta Patricio Martínez “ha buscado combatirlo de manera integral y con muchos frentes: por medio de reformas legislativas, obras, educación, asistencia médica, procuración de justicia y participación interinstitucional y ciudadana”.

En el mismo tono añadió: “Este esfuerzo se está viendo favorecido con la participación de la sociedad civil y seguramente de las mesas de trabajo que se han instalado [las cuales] resultarán innovadores mecanismos y estrategias para combatir la delincuencia”.

DEL DISCURSO A LA REALIDAD

Sin embargo, familiares de las víctimas (en su gran mayoría jovencitas trabajadoras de la maquila) y organizaciones civiles como Casa Amiga y Nuestras hijas de regreso a casa, no se han cansado de denunciar la negligencia de las autoridades para investigar cabalmente los asesinatos y desapariciones de mujeres, aunados a diversas irregularidades en los procesos judiciales contra los presuntos responsables de esos delitos.

Grupos civiles y de derechos humanos cuantifican que de 1993 a la fecha se han cometido más de 280 asesinatos de mujeres, además de que aproximadamente unas 500 están desaparecidas.

No obstante, la PGJ en Chihuahua ha sostenido –y lo remarcó ante la CIDH– que de enero de 1993 al 10 de octubre de 2002 “únicamente” ha habido en Ciudad Juárez 76 víctimas de “homicidas múltiples”. De esos casos, informó el procurador José Solís Silva, se han resuelto 27 y 49 aún son investigados.

En lo que respecta a las desapariciones, el funcionario precisó que hasta el 15 de octubre de este año la PGJ había tenido 1975 reportes de mujeres desaparecidas, de los cuales 43 siguen vigentes, 112 están en reserva (cuando está “ubicada la persona con reporte de desaparición”) y mil 812 ya fueron resueltos. En ocho casos la autoridad se declaró “incompetente por encontrarse ante un ilícito o corresponder a otro distrito judicial”.

Una de las más recientes críticas de las ONG ante la ineficacia de las autoridades de justicia chihuahuenses ocurrió el pasado mes de octubre, luego de que la fiscalía especial para la investigación de los homicidios de mujeres revelara los resultados de las pruebas de ADN practicadas a los restos de seis de las ocho mujeres que fueron encontradas sin vida en un predio algodonero, en noviembre del año pasado.

Al respecto, la fiscal especial Ángela Talavera señaló que los resultados de las pruebas de ADN practicadas por la PGR “no son concluyentes”, y explicó que había habido factores que afectaron el proceso científico como la temperatura, el PH, la materia orgánica, el tiempo post mortem y los componentes del suelo.

Como respuesta, la dirigente de Nuestras hijas de regreso a casa, Marisela Ortiz, afirmó que lo expresado por la funcionaria “es una muestra más de la falta de seriedad con la que las autoridades han manejado tanto las pruebas como las investigaciones en estos casos”.

“Es increíble”, continúa, “que ahora digan que los resultados de las pruebas no son concluyentes cuando en la PGR nos informaron que la máquina que practica ese tipo de exámenes sí es concluyente en sus resultados”.

Según la integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Ximena Andión, los estudios de ADN practicados por la PGR demostraron que las osamentas no coincidían con la identidad de las víctimas que la Procuraduría estatal había determinado en un principio.

La activista aseveró que el resultado de las pruebas echa por tierra la tesis de la justicia estatal (elaborada en una semana), en la que los presuntos homicidas declaran, bajo tortura, haber asesinado a las ocho mujeres.

Para colmo, la directora del área de defensa jurídica de la CMDPDH advierte que al desconocerse la identidad de las víctimas, la procuraduría estatal detiene la investigación “porque no están muertas ni desaparecidas”.

PGJ DE CHIHUAHUA: ACCIONES Y OMISIONES

En su comparecencia ante la CIDH, el gobierno de Chihuahua enumeró una larga lista de medidas emprendidas para prevenir la violencia contra las mujeres, lo mismo que una serie de objetivos para mejorar las condiciones de las investigaciones como por ejemplo “establecer las vías para investigar los actos de negligencia de todos los servidores públicos que han propiciado la impunidad detectada”.

A pesar de su buena voluntad, la PGJ del estado rechazó sin más explicación la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida en 1998, en el apartado en el que solicita investigar al exprocurador estatal Arturo Chávez, además de pedir se inicie un procedimiento de responsabilidad y en su caso se consignen a Raúl Valenzuela, al jefe y subjefe de la oficina de las averiguaciones previas, a la fiscal especial, a la de ministerios públicos, a los policías judiciales y a los peritos participantes, “por las omisiones realizadas”.

En su informe el procurador Solís Silva detalló las medidas de la PGJ respecto a la fiscalía especializada en homicidios de mujeres. Apuntó que “se fortaleció” a la instancia “con un agente del ministerio público y una agente ministerial”; asimismo indicó que ahora el personal operativo de la fiscalía suma “un total de 21 elementos de policía judicial”.

El funcionario también celebró la dotación para la fiscalía de cinco equipos de cómputo, dos cámaras de video, dos cámaras fotográficas, una trituradora de papel, un escaner, una impresora a color y seis radios portátiles.

Sin embargo, el tan esperado laboratorio de ADN, que evitaría que las pruebas las practicara la PGR con la consabida demora de resultados y las diferentes interpretaciones de las procuradurías, sigue sin funcionar; no obstante, el procurador aclaró que el laboratorio “lleva un avance de poco más del ochenta por ciento”.

MAR DE IRREGULARIDADES

Pese a los aparentes esfuerzos del gobernador priísta Patricio Martínez para resolver los homicidios de mujeres, las irregularidades en las investigaciones persisten.

Organismos civiles de derechos humanos como la CMDPDH, la Red Ciudadana de No Violencia y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otros, han denunciado que las autoridades judiciales del estado “fabrican culpables de los crímenes mediante tortura”.

Tales serían los casos de Víctor Javier García y Gustavo González, acusados del homicidio de las ocho mujeres encontradas en noviembre de 2001.

Además de las torturas, las ONG acusan a la PGJ estatal de “fabricar pruebas, ocultar información y perder expedientes”. Sobre la presunta fabricación de pruebas la CMDPDH aseveró que los novios de las víctimas eran acusados de homicidio, luego de que los familiares entregaban sus fotos a las autoridades judiciales.

CALLEJÓN SIN SALIDA

En medio de la retórica del gobierno de Chihuahua, la demanda de justicia que exigen sin cesar los familiares de las víctimas en Ciudad Juárez poco a poco se va abriendo paso.

A menos de dos semanas de que el próximo 25 de noviembre se conmemore el día internacional de la no violencia hacia las mujeres, la sociedad civil organizada sigue denunciando y presionado a las autoridades. En tanto, los responsables de impartir justicia en el estado y en la federación no quieren o no pueden poner un alto a los feminicidios.







       
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