Además de darles atención médica a las y los usuarios con problemas de violencia intrafamiliar, los médicos tienen la obligación de notificar los casos ante el ministerio público (MP) y a las agencias especializadas en delitos sexuales a fin de que ellas comiencen una averiguación previa.

No obstante, a pesar de que cada víctima de violencia familiar tiene derecho a exigir que la Unidad de Medicina Legal de cada hospital (público o privado) comunique este tipo de delitos ante las entidades correspondientes, el desconocimiento de los médicos y el miedo a la corresponsabilidad hacen que esos ordenamientos, establecidos en la Norma Mexicana NOM 190-SSA1-1999, sean ignorados.

De acuerdo a esta norma, las y los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado tienen el compromiso de avisarle al ministerio público sobre la situación de violencia de las y los usuarios que atienden con un formato expresamente diseñado para esa función.

Adicionalmente, la norma establece que con el fin de llevar una cuantificación real del problema, el personal médico debe dar a conocer cada caso a la Secretaría de Salud (Ssa).

La violencia intrafamiliar, tal como lo establece la norma, considera también el abandono; es decir, todo acto de desamparo hacia uno o varios miembros de la familia y que ello ponga en peligro su salud física y emocional, o los exponga al maltrato físico, sicológico y sexual.

Esto significa que es deber de cada médico y médica colaborar con las organizaciones especializadas para atender la violencia dentro de los hogares por medio de la denuncia.

Por eso, vale la pena no olvidar que es derecho de cada usuaria y usuario, víctima de violencia intrafamiliar, que el personal médico la atienda y haga la denuncia según los criterios de calidez, respeto y honestidad; incluso si no se presentan lesiones visibles.