Para quienes trabajamos
en el periodismo, el 10 de octubre del 2002 nunca se nos olvidará.
Ese día, en la edición vespertina del Diario Oficial de la
Federación, se publicó el decreto presidencial para derogar
el impuesto del 12.5 por ciento a radio y televisión.
En apariencia, y según las y los porristas
oficiales, la eliminación de este impuesto es un gran logro;
aunque lo cierto es que será uno de los momentos históricos
en los que Fox pasará a la historia por haber imitado el
más recalcitrante autoritarismo del PRI al incumplir el
artículo 10 de la Ley federal de transparencia y acceso
a la información pública gubernamental, vigente desde el
10 de junio pasado.
Esta ley ordena, precisamente, hacer público
cualquier anteproyecto de ley junto con las disposiciones
que pudieran afectar el funcionamiento de los medios de
comunicación; no obstante Fox se la pasó por el arco del
triunfo.
La indignación pública fue todavía mayor
porque ni siquiera él, el presidente, fue quien anunciara
el decreto con el que se deroga el impuesto: no fue sino
nada menos que Bernardo Gómez, el vicepresidente de Televisa.
El mensaje público quedó claro: TV Azteca y Televisa lo
aplaudieron.
La oposición a esta decisión ha sido expuesta
con seriedad por dos panistas: el senador Javier Corral
y la diputada María Teresa Gómez Mont.
¿Y eso por qué debe importarme? Se preguntará
la o el lector. Muy simple, porque el presidente Fox violó
la ley y se subordinó públicamente a Televisa: el secretario
de comunicaciones se enteró de la decisión tomada, la noche
anterior al anuncio. Porque Fox protegió a las televisoras
al abrogar el reglamento de la Ley federal de radio y TV
de 1973 cambiando, entre otras curiosidades, el artículo
38, que se refiere al derecho de réplica.
De esta manera el derecho de réplica queda
en manos de las televisoras: si una o un ciudadano considera
que los datos revelados en la estación han sido falsos,
tiene 48 horas para replicar y les corresponde a los directivos
del medio “valorar” si la denuncia tiene sustento o no.
Hace 33 años el gobierno de Gustavo Díaz
Ordaz les impuso a los concesionarios un impuesto; al principio
fue el 25 por ciento por la concesión, pero con la negociación
se quedó en la mitad: en el ahora famoso 12.5%. Ahora Televisa
asegura que ese cargo se atribuyó justo en 1968, para censurar
a los medios; además, dicen, para coartar su libertad por
televisar las masacres del 2 de octubre.
Lo curioso es que hasta la fecha, ahora
ya libres de censura, no han sacado un solo documental de
esas imágenes supuestamente censuradas. Lo cierto es que
en 1969 fue Azcárraga Milmo, dueño de lo que antes era Telesistema
Mexicano, quien negoció con el gobierno para que su televisora
le diesen el 12.5% de sus trasmisiones al gobierno, a cambio
de pagar menos impuestos por el uso de las concesiones.
Uso que hoy en día es monopolio.
Lo cierto es que esta decisión foxista está
llena de falsedades que afectan a todo aquel que vea TV
y escuche radio. Con bombo y platillo Fox anunció ante la
Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión que la
ciudadanía tendría participación directa en la fijación
de criterios en cuanto a los contenidos de la programación.
¡Qué bueno!, dirán las madres y los padres de familia; sólo
que eso es falso, pues el artículo 47 dice que un ciudadano
será integrante del consejo con voz, pero sin voto: o sea
igual que siempre.
Por su parte la diputada Gómez Mont puso
el dedo en la llaga al decir “Si no rompen las estructuras
de los medios de comunicación que sostenían al viejo régimen,
no habrá consolidación democrática.”
Esto le importa a la o el ciudadano común
porque el 20 por ciento de la población económicamente favorecida
controla el 73 por ciento de los medios de comunicación;
así, cuando el control de la información está monopolizado
por un grupo de poder que antepone el escándalo a la noticia,
el drama a la información y además manipula la realidad,
los medios electrónicos se convierten en espacios de exclusión
social que perpetúan el racismo, el sexismo y la violación
al laicismo de las concesiones gubernamentales de comunicación.
En pocas palabras Fox empoderó a los monopolios
y excluyó a la sociedad civil de los medios concesionados
por el Estado; por lo tanto, Fox rompió otra promesa de
campaña en favor del Hermano Mayor.
cacholydia@yahoo.com
Para quienes trabajamos
en el periodismo, el 10 de octubre del 2002 nunca se nos olvidará.
Ese día, en la edición vespertina del Diario Oficial de la
Federación, se publicó el decreto presidencial para derogar
el impuesto del 12.5 por ciento a radio y televisión.