Úrsula Pardo Rodríguez
es uno de los casos de discriminación que ejemplifican con
toda claridad los contrastes entre el Estado de derecho y
la vida cotidiana que vivimos todos los mexicanos y mexicanas.
Las leyes de este país, en principio, son
bondadosas en términos de igualdad, bienestar y justicia.
Oficialmente y en los discursos público y privado no existe
el racismo; en los hechos las indias y los indios de México
padecen la discriminación y el desprecio.
Las leyes y las normas ambientales aprobadas
por el gobierno mexicano para hacerse gracioso a los Estados
Unidos (en los tiempos en los que se negociaba el Tratado
de Libre Comercio) están a la altura de las de los países
desarrollados; en los hechos, el medio ambiente desfallece,
los bosques del país se extinguen, la contaminación afecta
irremediablemente las aguas, los aires y los suelos, corroyendo
la salud y el futuro de millones de mexicanos.
Lo mismo ocurre con las leyes y con la situación
real en la que viven las personas con discapacidad. El caso
de Ursula provoca vergüenza y aterra por la falta de respuesta
institucional, justo en estos tiempos supuestamente caracterizados
por el cambio.
Con su caso se demuestra que nuestras instituciones
no siempre son el canal más adecuado para trasmitir e intentar
resolver una situación de ultraje social, familiar e individual:
como el que se ha cometido en contra de Ursula Pardo Rodríguez,
joven de 25 años, con parálisis cerebral y dependiente de
una silla de ruedas para desplazarse.
De hecho las instituciones a las que se
ha recurrido para resolver este caso no han estado a la
altura de las circunstancias: más bien se han mostrado tendenciosamente
favorables a la parte agresora, en este caso la llamada
Universidad Americana de Morelos (UAM), quien decidió expulsar
a Ursula por incapacidad intelectual y por documentación
supuestamente incompleta.
Ursula Pardo Rodríguez nació con un problema
de parálisis cerebral hace 25 años, el 22 de agosto de 1977,
no obstante, pudo concluir sus estudios hasta la preparatoria;
cuyo último grado lo cursó en Estados Unidos, donde vivió
un año en compañía de sus padres.
De regreso a México ingresó a la Universidad
Americana de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, para estudiar
la licenciatura en Comunicación.
Luego de cursar seis semestres, el 26 de
junio del 2001, la universidad citó a la madre de Ursula
para darle a conocer que la institución había decidido retirar
a la joven de la universidad; entre otros motivos por no
tener capacidad intelectual para continuar su carrera y
por representar un desprestigio para la escuela.
Ursula es una joven entusiasta, inteligente
y con ansias de vivir. Además de sus capacidades normales,
posee también un enorme deseo de superación. Ella es una
persona con discapacidad y es al mismo tiempo una persona
normal, quizá más sensible, y tal vez más observadora que
el común de las personas; ciertamente, muy consciente de
su mundo y con una profunda vida interior.
El hecho de padecer parálisis cerebral (uno
de cada 400 niños nacen con parálisis cerebral en Europa
y los Estados Unidos) y de moverse en silla de ruedas no
la hace menos humana que el resto de las jóvenes de su edad.
Ella padece muchas limitaciones, pero comparte
con sus congéneres alegrías, frustraciones, esperanzas y
sueños; no es pues un objeto pasivo, sino un sujeto activo
y lleno de imaginación y voluntad, que ama y siente como
el resto del mundo.
La universidad de referencia, lo mismo que
muchos sitios públicos de México, no posee instalaciones
e infraestructura de apoyo para gente como ella. La escuela
donde Ursula tomaba sus clases es descrita por su madre,
Carmen Rodríguez de Pardo (maricarpa@hotmail.com), como
"una cárcel, rodeada de muros y escaleras": un sitio infranqueable,
un obstáculo más en la larga lucha de Ursula por encontrar
su lugar en esta sociedad que parece decidida a cerrarle
las puertas.
Los argumentos de la Universidad Americana
de Morelos para expulsar a Ursula van de la puerilidad a
lo ofensivo. Primero argumentaron el supuesto desprestigio
que la universidad enfrentaría por darle un título universitario
a Ursula; más adelante, el centro de la argumentación fue
la ausencia de la certificación del año escolar cursado
en los Estados Unidos.
Los padres de Ursula señalan haber entregado
desde el momento mismo de la inscripción los documentos
que les fueron requeridos para su registro normal y oficial,
incluido el certificado del año de estudios efectuados en
Gloucester, Massachusetts, en los Estados Unidos, avalado
por el consulado mexicano en Boston.
El próximo 28 de noviembre tendrá lugar
una junta de audiencia civil en los juzgados correspondientes
del estado de Morelos, en la que continuarán los trámites,
los careos y la presentación de pruebas para desahogar este
caso.
De seguir la dinámica anterior de este juicio,
es posible que las influencias de la universidad continúen
desvirtuando la verdadera naturaleza del caso, que debería
motivar a resarcir el daño moral y económico efectuado en
contra de Ursula Pardo.
La joven, sin embargo, no está completamente
sola. Además de muchas muestras de simpatía por parte de
distintos grupos sociales, ha recibido un desinteresado
y crucial apoyo de una importante institución: el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus
Estado de Morelos, en persona de su rector el doctor Pablo
Martín Buitrón, y del director de la licenciatura en ciencias
de la comunicación, quienes han abierto sus puertas para
que Ursula pueda continuar allí sus truncados estudios.
En el Tecnológico, Ursula está recibiendo
gratuitamente apoyo académico con la finalidad de que presente
el examen de admisión para el próximo ciclo escolar. Su
defensa legal, no obstante, enfrenta problemas económicos
y lucha contra muchas influencias.
Ursula no es un caso aislado de exclusión
social en México. Los casos de discriminación por discapacidad,
por razones económicas, raciales, sexuales o religiosas
abundan: asumir su causa es asumir la de todos aquellos
que padecen del estigma o del olvido.
¿A quién le corresponde defender los derechos
de Ursula? ¿A nuestros legisladores? ¿Al Instituto Nacional
de las Mujeres? ¿A las organizaciones ciudadanas o partidos
políticos que simpatizan con las causas de las mujeres o
de las minorías?
¿A los organismos oficiales que se han creado
para enfrentar los problemas de exclusión que enfrentan
los discapacitados? ¿A las comisiones públicas o civiles
de defensa de los derechos humanos? ¿A la esposa del presidente
de la república que tradicionalmente se ocupa de los niños
y las familias de México?
Son muchas las organizaciones públicas y
privadas que se ocupan de estos problemas, sin embargo,
Ursula está a punto de perder su caso.
Úrsula Pardo Rodríguez
es uno de los casos de discriminación que ejemplifican con
toda claridad los contrastes entre el Estado de derecho y
la vida cotidiana que vivimos todos los mexicanos y mexicanas.