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viernes 18 de octubre de 2002
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Pasamos de acusadores a acusados, denuncian familiares
Persiste el silencio oficial sobre el caso Digna Ochoa

Román González cimac | México, DF

Al cumplirse este sábado 12 meses de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Placido, el Gobierno del Distrito Federal aún no presenta resultados concretos de sus investigaciones. El caso sigue igual.

En estos 365 días han pasado ya tres fiscales especiales a cargo del caso (Alvaro Arceo Corcuera, Renato Sales y la actual fiscal Margarita Guerra y Tejada), 200 testimonios, 149 peritajes, 106 informes policiacos y 56 inspecciones ministeriales.

Hasta el momento, Margarita Guerra sólo ha dicho que se están analizando los peritajes, realizando nuevos exámenes periciales y que está a la espera de la llegada de peritos los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designe para que puedan tener acceso a la investigación.

Así, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha demostrado si fue suicidio, como sostenía el anterior fiscal, o un asesinato político, como declaró el año pasado el propio procurador Bernardo Bátiz y tienen claro la mayoría de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Edgar Cortez manifestó hoy que aún “no se han presentado resultados contundentes” sobre las investigaciones.

En ese sentido, advirtió que de no tomar las medidas necesarias para garantizar a la familia, amigos, colegas y a la sociedad el derecho de conocer la verdad y lograr justicia, “podríamos estar frente a un caso más que quede sin esclarecer”.

Para impedirlo, recomendó, la fiscal debe informar públicamente cuál es el nuevo punto de partida de la investigación, así como la evaluación respecto del anterior trabajo realizado. Además, debe incorporar en su plan de trabajo las recomendaciones de la CIDH.

El Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Prodh, en su carácter de peticionarios ante la CIDH, solicitaron que ésta ofreciera al gobierno mexicano su cooperación para que un equipo de expertos en criminalística, balística y patología forense verificara la investigación realizada por la PGJDF.

LOS HECHOS

Como es del conocimiento público, alrededor de las 17:50 horas del 19 de octubre de 2001, el cuerpo de Digna Ochoa y Placido fue hallado con disparos de arma de fuego calibre .22, en un despacho de la colonia Roma que compartía con las también abogadas humanitarias Pilar Noriega y Bárbara Zamora.

Junto al cuerpo de la abogada veracruzana se encontró una nota anónima con amenazas de muerte a integrantes del Prodh, con quienes colaboró como coordinadora del área jurídica y donde llevaba varios casos de violaciones a los derechos fundamentales por parte del ejército mexicano.

El asunto de la abogada asesinada trascendió las fronteras, pues la CIDH pidió que se proteja a los defensores de derechos humanos amenazados de muerte, además de solicitarles a las autoridades mexicanas que le informe cada tres meses.

La más cuestionada de las líneas de investigación, justo la que el anterior fiscal sostenía como principal, es que Digna Ochoa se suicidó. Varias organizaciones y personalidades la impugnaron al no poder explicarse cómo se habría disparado en el cráneo, lo que le causo la muerte inmediata, y luego en el muslo izquierdo.

Vecinos del despacho aseguran que el 19 de octubre de 2001, a la hora en que ocurrieron los disparos, escucharon ruidos y golpes en la pared, pero cesaron sin aparentemente mayor consecuencia.

DE ACUSADORES A ACUSADOS

En entrevista con cimacnoticias, Jesús Ochoa y Placido, hermano de la víctima, dijo que tras comparecer él y su hermano Ismael, en un principio como testigos, ahora son considerados por la PGJDF como presuntos responsables.

De acuerdo con la ampliación de la declaración que “se nos realizo el 1 de octubre y que duró siete horas es lo que se nos dio a entender. En dicho interrogatorio, nos tomaron muestra de saliva”.

Recordó que esa petición fue a raíz de que en las últimas semanas de agosto y septiembre de 2001, en unos sobres que contenían las amenazas, que fueron dejadas en el despacho, se encontró saliva del sexo masculino.

Con esta situación, apuntó, es probable que pidan muestras a todos nuestros familiares.

REACCIONES

Amnistía Internacional (AI) solicitó a la nueva fiscal Guerra y Tejada subsanar las irregularidades que han caracterizado a las primeras etapas de la investigación y criticó las demoras en la participación de los peritos de la CIDH.

Además, a AI sigue preocupándole la impunidad existente en México, que persiste a pesar de haberse comprometido el gobierno del presidente Fox a dar comienzo a una nueva era en la protección de los derechos humanos.

Hoy en Washington, Estados Unidos, se llevaron a cabo audiencias sobre México en la CIDH, para saber de los avances de las investigaciones, luego de transcurridos 12 meses del asesinato.







       
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