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viernes 18 de octubre de 2002
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La acción será promovida legalmente por la abogada de la familia
Pedirán revisar acuerdo comercial con Europa por impunidad en el caso Digna Ochoa

Yeri Correa y Claudia Peralta, enviadas cimac | Misantla

Ante la falta de auténticos progresos en la investigación de la muerte de Digna Ochoa, la abogada de la familia, Bárbara Zamora, anunció aquí que pedirá la revisión del acuerdo comercial entre la Unión Europa y México por incumplir éste las cláusulas de protección a los derechos humanos.

Para esta denuncia, dijo, contarán con el apoyo de los colegios de abogados de Barcelona y Madrid, en España.

Zamora participó en la inauguración del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que reunió en este municipio veracruzano a defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros.

Craig Adair, coordinador de Global Exchange, aseguró que el asesinato de Digna Ochoa se llevó a cabo con la complicidad de militares.

Por su parte, José Lavanderos, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló que el gobierno capitalino no ha respondido al informe del ombudsman local sobre las fallas en la investigación de las amenazas contra la abogada.

Amnistía Internacional, a su vez, manifestó su preocupación por la impunidad existente en México, que persiste a pesar del compromiso del presidente Vicente Fox de dar comienzo a una nueva era en la protección de los derechos humanos.

El gobierno de Vicente Fox ha mostrado indiferencia en el caso de Digna, manifestó su padre, Eusebio Ochoa.

Digna Ochoa y Plácido, abogada nacida en este municipio, fue encontrada muerta el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma, en la ciudad de México, con dos disparos de arma de fuego, después de una serie de amenazas anónimas.

Como parte de su trabajo en el jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la ex religiosa tuvo a su cargo, entre otros casos, la defensa de indígenas chiapanecos y guerrerenses acusados de guerrilleros y que fueron torturados o ejecutados por militares.

Inicialmente el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, declaró que Ochoa fue asesinada, e incluso calificó el caso como un crimen político. Poco después, el segundo fiscal especial para el caso sostuvo que la defensora de derechos humanos se suicidó.







       
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