En 1974 se aplicó en México por primera vez la Ley general de población con el objeto de controlar la natalidad. Casi 30 años después el número promedio de hijos por cada mujer descendió notablemente: de siete que tenían hasta los años 70, ahora sólo son dos.

Gracias a esta ley pudo reconocerse la importancia que tiene el crecimiento de la población en el desarrollo económico y social de un país, pero sobre todo, pudo reconocerse el impacto en la calidad de vida de las personas.

Si antes las mujeres tenían siete hijos, eso quiere decir que ocupaban 25 años de su vida criándolos; actualmente, tener en promedio dos ha sido un impacto positivo para sus vidas ya que únicamente destinan 10 años al cuidado y crianza de sus hijos.

En la reforma aprobada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1990, la ley señala que el organismo encargado de formular los programas necesarios para aplicar la política de población es el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Asimismo, la ley reconoce que la planificación familiar es el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el espaciamiento de sus hijos, además del de obtener la información y los servicios idóneos.

Por lo tanto, la citada ley consagra como derechos fundamentales la gratuidad de los servicios de planificación familiar, los servicios de información y el acceso a los insumos o métodos anticonceptivos.

Pero también señala como una responsabilidad de la Secretaría de Salud la promoción y el acceso a la información clara y oportuna sobre fenómenos demográficos y de salud reproductiva, así como las vinculaciones de la familia con el proceso general de desarrollo.

Asimismo establece que los programas de población tendrán como objetivo procurar la vinculación de la familia, fomentar el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre sus integrantes, revaluar el papel de la mujer y del varón en el seno familiar, y evitar toda forma de abuso y discriminación individual y colectiva hacia la mujer.

Es por todo ello por lo que ninguna política pública de población debe tener como único propósito una meta demográfica; de la misma manera que deben promover la equidad entre mujeres y hombres, el acceso a los servicios y la información sobre salud sexual y reproductiva: tan necesarios todos para tomar decisiones de forma libre y responsable, mejorando la calidad de vida de la población.