Treinta y tres años después de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para que los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión pagaran el 12.5 por ciento del tiempo diario de trasmisión de cada estación, el 10 de octubre de este año el Ejecutivo federal anunció la promulgación de un nuevo reglamento de la Ley federal de radio y televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las trasmisiones.

El Código fiscal de la federación le permite al Ejecutivo determinar las medidas relacionadas con la administración, el control, la forma de pago y los procedimientos señalados en las leyes fiscales a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Sin embargo, esta acción rebasó a quienes durante año y medio debatieron en una mesa de discusiones sobre la nueva normatividad en radio y televisión, convocados por la Secretaría de Gobernación, dejando en entredicho el procedimiento de discusión pública.

Analizar la legislación sobre medios y conseguir consensos para su reforma no es asunto de un día: la transparencia y legitimidad que este gobierno ha promulgado no fue la característica de esta acción, que ha ocasionado una gran inconformidad por la forma de efectuarla.

Por un lado incluye temas que le interesan a la sociedad, como la revisión de los horarios de trasmisión para los programas no aptos a menores o el avance que logran al hacer pública cierta información mediante la creación de un registro público, además de reducir la discrecionalidad de la autoridad administrativa en materia de permisos y concesiones, entre otros aspectos.

Asimismo se ordena la creación de un Consejo Nacional de la Radio y la Televisión para cuya operación deberá expedirse un manual de organización en 60 días; aunque el anterior Consejo nunca funcionó. También se vislumbra un insipiente derecho de réplica, que ya existe en veintidós países. Con la promulgación de este nuevo reglamento, el Ejecutivo sustituye el gravamen de 12.5 por ciento por 35 minutos diarios, en el caso de la radio, y 18 minutos, en el de la televisión; entre las seis y las 24 horas.

Si bien hay aspectos positivos en esta disposición legal, como darle la certidumbre jurídica a la industria de las comunicaciones generadora de empleos, siempre comprometida con la sociedad y con México.

Igualmente se establecen nuevas condiciones para que la industria cumpla con sus obligaciones tributarias y los mensajes del Estado lleguen a mayores audiencias y tengan el impacto necesario; no obstante el Congreso es el que tendrá que avocarse a legislar independientemente de este reglamento para incluir los aspectos que han quedado insipientes.

¿Cuándo volverán a confiar los partidos políticos, las y los académicos, las asociaciones civiles y las y los expertos en una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de la política interior y de generar consensos?

Este es el proceso de transición que estamos viviendo, que pondera en el discurso la democracia y que, la práctica, las decisiones las toman unos cuantos.

Pero todavía nos quedan otras interrogantes: ¿qué hay detrás de esta negociación y que hay por delante? Si el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, se adelanta a decir que estos tiempos fiscales deben distribuirse equitativamente entre las treinta y dos entidades de la república es porque el Ejecutivo Federal preve un uso inequitativo.

Sacarse de la manga un decreto que viola el proceso de consulta en la materia debilita su propio poder. En este caso lo que más se incomoda es la manera de gobernar, manera que afecta la confianza en los diálogos y acuerdos políticos para todos los temas de la agenda política y por ende la legislativa.

Lucero Saldaña es senadora. Correo electrónico: lsaldana.spri@senado.gob.mx