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lunes 2 de septiembre de 2002
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Medio para fabricar culpables y ocultar una investigación deficiente
Tortura, una irregularidad más en los feminicidios de Juárez

Román González cimac | México, DF

Es sumamente preocupante que en nuestro país se utilice la práctica de la tortura como un medio para obtener confesiones, como ocurrió ya en el caso de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez con los presuntos responsables Víctor Javier García Uribe (La Foca) y Gustavo González Meza (Cerillo), quienes fueron sometidos golpes brutales con golpes y descargas eléctricas.

En ese sentido, la actuación de las autoridades encargadas de investigar los asesinatos de más de 280 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una clara evidencia de su actuación dolosa para fabricar culpables y se aleja de realizar una investigación eficiente, aseguraron cuatro organismos nacionales defensores de derechos humanos.

En conferencia de prensa, recordaron que de 1993 a la fecha, más de dos centenas de mujeres han sido asesinadas en esa ciudad fronteriza con una violencia brutal, y que hasta el momento no se han esclarecido los hechos, por lo que siguen los asesinatos y las desapariciones de mujeres en dicha ciudad extendiéndose a la ciudad de Chihuahua.

Para la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), las autoridades correspondientes sólo se dedican a fabricar culpables.

La historia

Revelaron que el siete de noviembre de 2001 encontraron, en un lote en construcción, los cuerpos de ocho mujeres que fueron asesinadas con una violencia extrema. Dos días después, un grupo de personas encapuchadas sacaron violentamente de su domicilio a García Uribe y González Meza sin identificarse ni mostrar una orden de aprehensión.

Los familiares de ellos, después de investigar por su cuenta, lograron averiguar que había sido recluidos en una casa particular ubicada en el cruce de las avenidas López Mateos y Ejército Nacional de esa ciudad, lugar donde los sometieron a torturas.

Les aplicaron la “chicharra”, que consiste en mojar el cuerpo y aplicar descargas eléctricas en los genitales. Después de pasar por esa experiencia se declararan culpables de los homicidios de las ocho mujeres antes mencionadas, de las cuales seis ni siquiera han sido identificadas oficialmente porque las pruebas genéticas no han sido entregadas al juez de la causa.

Posteriormente, consigna el informe García Uribe y González Meza fueron trasladados a la Academia de Policía de Ciudad Juárez en donde continuaron las torturas, de las cuales existen fotografías donde se muestran las lesiones, así como un certificado médico expedido en el Reclusorio de Ciudad Juárez.

Más irregularidades

Para el día 12 de noviembre de 2001, fueron presentados a declarar ante el juez tercero de lo penal del distrito judicial Bravos quien les acusó por los delitos de homicidio, violación y asociación delictuosa.

Sobre las lesiones que presentaban (quemaduras en el pene, testículos, bajo vientre, pecho y abdomen, además de los golpes en todo el cuerpo), el juez dictaminó que dichas lesiones se debían únicamente a una enfermedad y al uso del reloj que les apretaba la muñeca.

Por otra parte, el 5 de febrero del año en curso, Mario César Escobedo Anaya, abogado defensor de uno de los dos presuntos responsables de los asesinatos de las ocho mujeres, fue asesinado por policías judiciales.

A pesar de que la versión oficial estableció que el asesinato se debió a una confusión por parte de estos policías judiciales que argumentaron que el abogado les disparó primero y ellos sólo estaban respondiendo a la agresión, las pruebas periciales y los testimonios obtenidos indican que el abogado nunca disparó a los policías y que, por lo tanto, el homicidio fue premeditado.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, revelaron que además de las irregularidades antes mencionadas, es importante tomar en cuenta que, según la información brindada por la Procuraduría General de la República (PGR), a miembros de organizaciones de Ciudad Juárez, las pruebas de ADN de los ocho cuerpos de mujeres encontrados en noviembre del año pasado, no corresponden con los nombres de las mujeres por las que se encuentran detenidos los señores García Uribe y González Meza.

Un asunto más

Otro de los casos en los que se presume que se llevó a cabo la práctica de tortura para obtener una confesión, es el del asesinato de la maestra Elodia Payán, y por lo cual Roberto Delgado Maldonado y Mario Chavarría Barraza fueron internados en el Centro de Rehabilitación Social después de estar dos días en manos de agentes de la Fiscalía de Crímenes contra Mujeres.

Al día siguiente de su detención, Chavarría afirmó, en su declaración ante el juez, que se encontraba preso el día del crimen y que se había confesado culpable para detener las torturas.

El 15 de agosto de 2002, el juez otorgó la libertad sin fianza a Chavarría y a Delgado Maldonado, fundado en la nulidad de todas de las actuaciones por los actos de tortura cometidos en su agravio.

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, de acuerdo a la legislación nacional e internacional de protección de a las garantías personales, ninguna declaración arrancada bajo tortura puede ser tomada en cuenta por ningún juzgador y,por el contrario, debe procederse de oficio en contra de cualquier funcionario que se presuma haber cometido actos de tortura e incomunicación.







       
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