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lunes 9 de septiembre de 2002
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Hasta el momento la CMDPDH ha participado en el análisis de 20 expedientes
Continúan las irregularidades en los feminicidios de Ciudad Juárez

Lourdes Godínez Leal cimac | México, DF

Fabricación de pruebas, ocultamiento de información, pérdida de expedientes y falta de voluntad política para esclarecer la muerte de más de 280 mujeres en Ciudad Juárez –aunado a la búsqueda de 500 desaparecidas– son irregularidades que aún prevalecen en las investigaciones, confirmó Adriana Carmona, directora del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Durante su participación en la mesa Medios y Género, convocada por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) y la Fundación Friedrich Ebert, la defensora de derechos humanos indicó que hasta el momento la organización a la que pertenece ha participado junto con abogadas de esa ciudad fronteriza en la investigación de 20 expedientes: 15 en Ciudad Juárez y cinco en Chihuahua.

LAS PRIMERAS IRREGULARIDADES

La también integrante de la campaña ¡Alto a la impunidad: ni una muerta más!, recordó que en la última visita a nuestro país del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Juan Méndez –cuando éste se reunió con la fiscal del caso en Ciudad Juárez, Rocío Urías–, la encargada de investigar las desapariciones dio una cifra de mil 400 mujeres desaparecidas; pero cuando la CMDPDH le solicitó la lista oficial en ella no había más de cuarenta.

Y es que los expedientes de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, del 1993, cuando empezaron los asesinatos, a 1998 simplemente se perdieron.

Por otra parte, a pesar de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió 40 recomendaciones, cuando los representantes de la CIDH se entrevistaron con esa oficina estadunidense, ésta les informó que una de las recomendaciones era investigar a un señor que casualmente [sic] había encontrado dos cuerpos.

No obstante, nunca se investigó ni al sospechoso ni los lugares donde se encontraron esos restos humanos.

FABRICACIÓN DE PRUEBAS

“A principios de este año”, continúa en su participación Adriana Carmona, “la comandanta de la policía judicial estatal, Gloria Cobos, encargada de investigar las desapariciones de ocho mujeres en Chihuahua, fabrica las evidencias en cada uno de los casos que tenía asignados: les pedía fotografías a los familiares de las mujeres asesinadas e involucraba a sus novios en los asesinatos”.

LOS ACERCAMIENTOS

Más adelante la directora de la CMDPDH declaró que ya habían sostenido una entrevista con Mario Ledezma, director del área de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), para solicitarle información sobre los dictámenes de ADN que habían practicado.

Sin embargo, esa información les fue negada debido a que, a decir de la PGR, no tenían más solicitudes de pruebas por parte de la Procuraduría del Estado y ya había mandado todos los dictámenes de ADN al nuevo servicio de periciales de la misma institución.

En otro momento Adriana Carmona explicó que al solicitarle a la PGR investigar ampliamente el modus operandi de los casos (por qué primero desaparecían las mujeres y luego las encontraban muertas, en periodos indistintos y con la ropa de otras), la dependencia contestó que las investigaciones se llevaban a cabo en el área de servicios a la comunidad, porque se trataba de gente extraviada y la desaparición no está considerada como delito.

En cuanto a la probable participación del FBI en las indagatorias, Carmona señaló que se les pedirá elaboren los perfiles criminológicos, un sistema de cómputo sobre esos perfiles y que capaciten personal de la fiscalía especializada.

Asimismo consideró que éste sería un paso importante en el esclarecimiento de esos vergonzosos hechos, aunque desconoce sí el FBI tendría acceso a toda la información que requiera.

OTRAS ACCIONES

Ya para concluir, la abogada Carmona informó que para el día internacional de la no violencia contra la mujer, el próximo 25 de noviembre, se prepara una campaña ad hoc con la presencia de Amnistía Internacional, El Observatorio de Derechos Humanos (Human Right Watch) y diversas organizaciones nacionales que se dedican a la defensa de éstos.







       
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