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martes 8 de abril de 2003
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Estrategia para ocultar la impunidad de los crímenes
Cerco legal contra familiares de asesinadas en Ciudad Juárez

Miriam Ruiz cimac | México, DF

Las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa son una estrategia de las autoridades para desviar la atención sobre la impunidad en la muerte de más de 300 mujeres en Ciudad Juárez, afirmó hoy la fundadora de ese grupo civil, Maricela Ortiz.

En entrevista telefónica con Cimacnoticias desde Ciudad Juárez, Ortiz explicó que será defendida en los tribunales por David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) quien buscará demostrar la estrategia del gobierno de Chihuahua para desvirtuar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Maricela Ortiz y Rosario Acosta, ambas militantes de la organización, pionera en la lucha por el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua, denunciaron la víspera que el pasado jueves tres de abril fueron demandadas penalmente por supuesto enriquecimiento ilícito.

Un día después el Ministerio Público de Ciudad Juárez dictó orden de aprehensión contra las dos por la demanda presentada por la señora Benita Monarrez, madre de una de las víctimas.

Ortiz adelantó a Cimacnoticias que esta noche se llevará al cabo una reunión con por lo menos siete ONG con sede en la ciudad fronteriza para buscar una estrategia común ante los nuevos escenarios en los que el gobierno federal niega su apoyo, mientras el gobierno local las hostiga.

El pasado 23 de febrero -tres días antes de que el gobierno mexicano compareciera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Ciudad Juárez, el procurador de Justicia en Chihuahua, Jesús José Silva Solís, acusó a las activistas organizadas de oportunismo político y económico, aunque no dio nombres.

El 26 de febrero, al salir de la audiencia de la CIDH en Washington declaró a Cimacnoticias que algunas organizaciones –no todas- han lucrado con el asunto de Ciudad Juárez, por lo que, dijo, haría llegar las pruebas de ello a la CIDH.

Hasta el momento, la CIDH carece de la documentación que ofreció el procurador Solís, informaron fuentes de la instancia, perteneciente a la Organización de Estados Americanos.

Benita Monárrez, madre de una de las 300 jóvenes asesinadas en Chihuahua en los pasados 10 años, acusa a Ortiz y Acosta de aprovechar donaciones a su organización para fines personales.

2003/MR/MEL







       
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