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jueves 28 de agosto de 2003
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Reformas aprobadas por un solo legislador
Rechazan aumento de penas a atacantes de mujeres en Chihuahua

Martha Martínez cimac | México, DF

Las fracciones de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso de Chihuahua, preparan una controversia constitucional contra las reformas legales promovidas por el gobernador del estado, Patricio Martínez, que aumentan las penas contra quienes ataquen a mujeres, informó hoy la abogada Luz Estela Castro.

En entrevista vía telefónica, la abogada de algunos familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez aseguró que las reformas, publicadas ya en el Periódico Oficial del estado, violan la Ley Orgánica del Congreso Local ya que fueron dictaminadas sólo por un legislador de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de dicho órgano.

Las reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos penales consideran acumulación de penas por delitos como secuestro, violación, homicidio e inhumación clandestina contra mujeres y menores de edad, y agregan como agravantes casos en los que haya parentesco entre el victimario y la víctima, y cuando haya uso de estupefacientes.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso Local, una iniciativa debe ser dictaminada por un mínimo de tres y máximo cinco legisladores de la comisión correspondiente. En el caso de la iniciativa de Patricio Martínez, ésta fue dictaminada por sólo uno.

HASTA 120 AÑOS DE CARCEL

La también integrante de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas, opinó que la ley representa un riesgo para los derechos humanos de los ciudadanos ya que pretende aumentar hasta 120 años la condena para quienes cometan crímenes contra las mujeres.

Al hacer referencia a los homicidios de mujeres en esa localidad, la abogada indicó “la tortura es el único método de investigación que tiene la procuraduría local, por eso no se puede pensar en aumentar las penas cuando no existe un procedimiento creíble de investigación”.

En entrevista aparte la directora del centro de crisis Casa Amiga, Esther Chávez Cano, calificó las reformas como una cortina humo ya que no atiende los homicidios como un problema del tejido social y estrechamente relacionado con las desigualdades entre hombres y mujeres y la violencia que surge a partir de ésta.

La activista por los derechos humanos indicó que se trata de una respuesta rápida y no muy bien pensada ante la presión política que ha ejercido la comunidad internacional al gobierno del estado por la falta de resultados en las pesquisas del feminicidio.

Irma Campos, integrante del grupo 8 de Marzo, aseguró en tanto que “no se trata de un asunto de belleza o de estética”, al comentar los cinco millones de pesos que ayer miércoles otorgó la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Josefina Vázquez Mota a organizaciones civiles del estado, cinco de ellas católicas, con el fin de “dar buena imagen a Ciudad Juárez”.

Campos coincidió en que dichos donativos son “limosnas” por lo que resaltó la necesidad de que las autoridades atiendan el problema social al que se enfrenta el estado de Chihuahua desde una perspectiva integral y no de imagen.

Calificó como grave que cinco de las organizaciones a las que Sedesol les dio donativos sean de inspiración católica ya que esto refuerza la tendencia conservadora del gobierno federal, aún ante una emergencia nacional como la de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

De acuerdo a Amnistía Internacional (AI), desde 1993 a la fecha, 370 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) sólo reconoce 258, mientras que según el presidente de la CNDH, cuatro mil mujeres más han desaparecido en esa localidad en el mismo lapso.

2003/MM/MEL

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