Las mujeres discapacitadas, como todas las personas, tienen derechos humanos y civiles garantizados por la ley y los instrumentos internacionales, a pesar de ello, son personas sumamente vulnerables que requieren de una mayor protección a sus garantías individuales.

La Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, del cual México es signatario, afirma que debe darse “especial atención” para asegurar “la no discriminación y el disfrute, en igualdad de oportunidades por parte de los discapacitados de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida su participación activa en todos los aspectos de la sociedad”.

Este instrumento internacional señala que no importa cuál sea el origen, la naturaleza y gravedad de las deficiencias y trastornos, las personas con discapacidades, especialmente las mujeres, tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano.

Aunque existen casos en lo que se determine que una mujer no tiene la habilidad para dar su consentimiento informado, la evaluación de su capacidad mental debe hacerse por especialistas y sin prejuicios de ningún tipo, y aquellos que realizan la toma de decisiones en su nombre, deben respetar sus necesidades y garantías individuales.

De esta forma, las mujeres con discapacidades tienen derecho a casarse, fundar una familia, al cuidado comprensivo de la salud reproductiva, incluida la planificación familiar y los servicios de salud, educación e información para la maternidad, así como a dar un consentimiento informado referente a todos los procedimientos médicos, incluida la esterilización y el aborto.

En el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 10 por ciento de la población femenina a nivel mundial, tiene discapacidades físicas y mentales, de ellas, entre el 65 y 70 por ciento vive en zonas rurales y sus derechos humanos y civiles son violentados todos los días.

Ante este panorama es importante señalar que la libertad sexual es un derecho fundamental y por ello no debe restringirse y los servicios de salud reproductiva, especialmente los de anticoncepción no pueden, ni deben negarse.

Las necesidades específicas de la mujeres con discapacidades, postulan desafíos significativos en el contexto de los derechos humanos, toda vez que se ponen a prueba las capacidades del estado para involucrar a éstas en la toma de decisiones respecto a sus derechos reproductivos, humanos y civiles.

Es por ello que el gobierno debe crear políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, su participación en todos los aspectos de la vida social, cultural y política, y promover un cambio de raíz en la imagen que la sociedad tiene de ellos.

MM/MEL