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viernes 18 de julio de 2003
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Larga historia en México de fiscalías especiales inservibles
Avala AI trabajo de Digna Ochoa en derechos humanos

Miriam Ruiz cimac | México, DF

El investigador para México de Amnistía Internacional (AI), Rupert Knox, aseguró hoy que tiene documentada la labor de la abogada mexicana Digna Ochoa en la defensa de campesinos ecologistas del sureño estado de Guerrero, lo que podría haber puesto en riesgo su vida.

En entrevista telefónica con Cimacnoticias desde Londres, Knox prefirió no comentar versiones difundidas este viernes por la prensa mexicana en el sentido de que la abogada veracruzana, hallada muerta el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la Ciudad de México, se suicidó, pero se refirió al trabajo de Ochoa como defensora de los derechos humanos.

Aunque el fallo de la fiscal especial del caso, Margarita Guerra, será dado a conocer mañana sábado según la más reciente versión entregada a los medios, la prensa mexicana publicó este día un adelanto, filtrado el martes pasado por la propia fiscal a una docena de medios informativos en una reunión a puertas cerradas.

Guerra desestima la participación de Digna Ochoa en la defensa de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, poniendo en duda la seriedad de Amnistía Internacional, la organización defensora de los derechos humanos más grande del mundo.

Sobre el desempeño general de la justicia mexicana, Knox dijo desde la capital británica que México tiene una larga historia en la que se invierten recursos en fiscalías especiales que nunca llegan a resultados claros.

Señaló como ejemplo la impunidad que rodea las muertes del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, y el asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, ultimado en la ciudad de Tijuana en 1994.

Recordó que en el pasado la justicia mexicana ha sido cuestionada –entre otros organismos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-- debido a las deficiencias en la administración de justicia.

Así como por la deficiencia en la capacidad técnica de la procuración de justicia, tan grave que genera la posibilidad de dañar evidencias y crear historias que serán siempre cuestionadas.

EL PRODH

En tanto, Jesús González, vocero del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), sostiene que esta organización –en la que Digna Ochoa colaboró hasta un año antes de su fallecimiento—emitirá una postura cuando las autoridades den sus resultados en forma oficial.

El pasado 18 de junio el Prodh, al dar a conocer el peritaje de la CIDH sobre el caso, pidió certeza y pruebas sólidas para dictaminar las causas de la muerte de la abogada Digna Ochoa.

El equipo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que la averiguación efectuada en 20 meses estaba plagada de errores, pero indicó que era con la que la fiscal tendría que emitir una resolución.

Cabe anotar que Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, apresados y torturados por el ejército mexicano en marzo de 1999 y defendidos por el Prodh, fueron liberados por el presidente Vicente Fox una semana después de la muerte de Digna Ochoa.

A la fecha, decidieron seguir sus vidas lejos de su comunidad en la localidad de Petatlán, Guerrero y de la atención pública.

CAMPAÑA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

Por Lourdes Godínez

En tanto, la primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Pilar Noriega García, advirtió que la resolución al caso de Digna Ochoa es el inicio de una campaña contra el movimiento de los derechos humanos.

La abogada dijo a Cimacnoticias, que aunque no le extrañó que el fallo final sea que Ochoa se suicidó, sí le parece “inaceptable e infame” que se ponga en tela de juicio su trabajo y su estado mental.

Noriega García afirmó que la Digna que ella conoció no era ninguna mitómana ni esquizofrénica, “era una mujer comprometida con su trabajo, con la defensa de los derechos humanos, su trabajo es incuestionable”, afirmó molesta, tras la versión publicada por los medios en el sentido de que la defensora veracruzana no participó en ningún caso que pusiera en riesgo su vida.

Dijo que el trabajo de la fiscalía se centró en investigar el estado mental de Digna y al respecto exclamó ¡quien tiene un certificado de salud mental absoluto. Ahora resulta que los defensores de derechos humanos vamos a tener que cargar un certificado que avale nuestras facultades mentales para que no se ponga en tela de juicio nuestro trabajo! lamentó.

Finalmente, la primer visitadora de la CDHDF dijo que le gustaría conocer más detalles de la investigación que le permitan entender cómo es que sostienen la tesis del suicidio pues para ella aún no está comprobado.

2003/MR/LGL/MEL







       
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