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lunes 9 de junio de 2003
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Puede ser otra cortina de humo
Cuestionan ONG nueva instancia oficial para caso Juárez

Lourdes Godínez Leal cimac | México, DF

Representantes de organizaciones civiles externaron hoy preocupación por la creación de una nueva instancia gubernamental para atender el feminicidio en Ciudad Juárez, ya que puede ser otra forma de distraer la atención sobre los más de 300 asesinatos de mujeres en esa ciudad, fronteriza con Estados Unidos.

Entrevistada durante el programa radiofónico, Público y Privado, Sofía Lascuráin, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, manifestó su temor de que la Subcomisión para la Coordinación y Enlace para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez sea sólo un elemento de distracción.

Cuestionada por la conductora del programa, la periodista, María Elena López Segura, sobre la posibilidad de que la nueva instancia signifique sólo más burocracia alrededor del caso Ciudad Juárez, la activista señaló que la sociedad civil debe vigilar la actuación de las autoridades para evitar más impunidad en torno al feminicidio.

Externó temor de que aún con esta instancia la situación continúe igual, sobre todo cuando dijo, el feminicidio se ha extendido a la ciudad de Chihuahua donde han sido encontrados cuerpos de jovencitas que habían sido reportadas como desaparecidas.

La subcomisión fue creada el viernes pasado en una reunión a puertas cerradas en la Secretaría de Gobernación, y estará presidida por el secretario del ramo, Santiago Creel, mientras la vicepresidencia recaerá en la subsecretaria para Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mariclaire Acosta.

Esta es la tercera mesa de trabajo interinstitucional creada para resolver los más de 300 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, considerada como la capital de la industria maquiladora en México, y la desaparición de más de mil, según cifras extraoficiales.

A pregunta de la reportera Miriam Ruiz sobre el trabajo de la segunda mesa interinstitucional, Julia Pérez, integrante de la organización civil Por un Milenio Feminista, explicó que pese a que su objetivo era compartir información para coordinarse, continúa la confusión en las cifras de mujeres tanto muertas como desaparecidas.

Ambas activistas denunciaron públicamente que la Procuraduría General de la República (PGR), continúa ocultando información y desviando la atención del público sobre las pesquisas del feminicidio, y preguntaron bajo qué argumento se eligen algunos casos para ser llevados al ámbito federal y otros no.

Julia Pérez señaló que la responsabilidad de garantizar seguridad a las y los ciudadanos y de esclarecer los asesinatos de estas mujeres es del presidente de la república, porque fue él quien recibió el voto de los ciudadanos, así como de su equipo de gobierno, cuyos sueldos son pagados con los impuestos de todos los mexicanos.

Culpó a los legisladores y legisladoras de no actuar para modificar el Código Penal pues dijo, “no se ha actuado por falta de medidas en el Código. Las diputadas no han hecho nada y la Procuraduría de Justicia se lava las manos”, destacó.

Las dos militantes denunciaron acoso, intimidación y amenazas por parte de las autoridades, así como estrategias de descrédito hacia sus organizaciones y señalaron que el gobierno en lugar de otorgar recursos para atender el feminicidio, los reparte para atacar a la sociedad civil organizada.

“Reparten dinero a unas organizaciones y a otras no para que se peleen entre ellas, lo que quieren es debilitar al movimiento civil, pero no lo han logrado”, aseguró Sofía Lascuráin, para quien el objetivo principal de hacer conciencia sobre los asesinatos y exigir justicia se mantiene entre los grupos civiles.

Al respecto, Marisela Ortiz, integrante de la organización, Por Nuestras Hijas de Regreso a Casa, rechazó en un enlace telefónico desde Ciudad Juárez las acusaciones de desvío de recursos que han hecho contra ese organismo las autoridades de Chihuahua y aclaró que el dinero que reciben proviene de instituciones y personas interesadas en el tema.

Aclaró que actualmente trabajan en un proyecto para dar tratamiento sicológico a los familiares de las víctimas en Ciudad Juárez, financiado por un grupo holandés.

Al respecto, Julia Pérez, indicó molesta, que “no existe tal desvío de recursos pues dijo, es absurdo que se diga que hay desvío de recursos cuando el gobierno no ha dado un solo peso a ninguna organización”.

Las entrevistadas concluyeron que la corrupción en el sistema judicial mexicano impide avanzar en las pesquisas del caso Juárez y dijeron que el Estado es culpable del feminicidio en medida que permite la impunidad.

2003/LGL/MEL







       
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