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martes 24 de junio de 2003
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La fiscal especial deberá emitir un fallo
Se apresta la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal a cerrar el caso Digna Ochoa

Miriam Ruiz cimac | México, DF

Veinte meses después del asesinato, que luego fue presentado como suicidio de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal está lista para cerrar el caso.

La presentación del dictamen sobre la prueba pericial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dio a conocer inconsistencias de origen en la investigación; no obstante, la fiscal especial para el caso Digna Ochoa, Margarita Guerra y Tejeda, tendrá que emitir un fallo, a pesar de los errores cometidos por la policía de la ciudad de México.

La defensora de los campesinos ecologistas de Guerrero apareció muerta con tres balazos el viernes 19 de octubre de 2001. En la escena de los hechos había unos guantes de látex, polvo blanco esparcido en el piso y una carta de amenazas a otros defensores hecha con recortes de periódico.

Uno de los puntos más polémicos del informe enviado a las autoridades mexicanas, familiares y peticionarios del caso es precisamente el “polvo para las manos.”

El informe, que consta de medio centenar de páginas, critica la insuficiente inspección del lugar de los hechos, el despacho de Tierra y Libertad, ubicado entonces en la calle de Zacatecas 31-A, en la céntrica colonia Roma de esta ciudad.

Los peritos de la CIDH hicieron hincapié en un hallazgo: “la bolsa rotulada como ‘polvo para manos’ con una sustancia blanca que se identificó como almidón”, que apareció en el despacho el 26 de febrero de 2003, es decir, un año cuatro meses después de la muerte de la defensora.

“Tras la prueba de grafoscopía se estableció que el rótulo posee grafismos que provienen de Digna Ochoa y Plácido. Cabe destacar la aparición en el mismo sitio de unos recortes de letras de títulos de periódicos en un sobre dentro de una carpeta, así como de los ejemplares de los que provenían dichos recortes, como se concluyó pericialmente”, dice el reporte en la página 39.

“Si bien es cierto que por el momento y de acuerdo con la información disponible no existe dato que indique situación diferente al casual hallazgo, sí evidencia una vez más las consecuencias de la falta de control y manejo de la escena de los hechos por parte de la Fiscalía”, ocupada en un primer momento por Renato Sales, actual subprocurador de Averiguaciones Previas en el Distrito Federal.

Al respecto, el viernes pasado el titular de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, minimizó las deficiencias de la investigación, a pesar de que el informe señala que éstas responden más a la falta de capacitación del personal y a la burocracia, así como a deficiencias del sistema de justicia en general, que a la coyuntura del asesinato de Ochoa y Plácido.

Por ejemplo,“voy a recordar una que dice que algunos peritos no llevan las notas en libretas, sino en apuntes por separado”, señaló el procurador de justicia al salir de la reunión del gabinete de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, hablan de inconsistencias, pero también señalan que la mayoría de las pruebas y de los peritajes fueron correctos, llenan los requisitos de los protocolos internacionales, y que en un proceso tan complicado es natural que pueda haber alguna falla; sin embargo, no influye en el resultado.”

Por ello, adelantó, “estoy seguro de que la fiscal tendrá elementos suficientes para resolver en su momento.”

Entrevistada el jueves pasado en su oficina, en medio de gran movimiento, Guerra considera que las pruebas documentales, testimoniales y observaciones también tienen peso en una investigación.

“Las pruebas periciales son importantes, pero no son definitivas. Si no, ¿de qué sirven más de 300 declaraciones, inspecciones oculares y documentos al por mayor?”, cuestionó la segunda fiscal en la investigación de la muerte de Ochoa.

Jueza durante diez años y magistrada otros tantos, reconoce, al igual que el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, que la investigación del caso Digna tiene muchos errores: “coincido en mucho con la CIDH, nadie lo puede negar. Y dije desde el inicio que íbamos a tratar de recuperar mucho material.”

2003/MR/AR







       
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