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jueves 20 de marzo de 2003
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Traería más riesgos que beneficios
Rechazan patrullajes del ejército en Ciudad Juárez

Miriam Ruiz cimac | México, DF

Organizaciones de la sociedad civil entre ellas la campaña Alto a la Impunidad: Ni una Muerta Más, consideraron hoy riesgosa y equivocada la propuesta del ombudsman mexicano sobre la entrada del ejército para resguardar la seguridad de mujeres en Ciudad Juárez.

Para Agniesca Raszinska, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la propuesta hecha ayer miércoles por José Luis Soberanes al Senado de la República, es solamente una solución rápida que no resuelve el problema de fondo.

En tanto, Silvia Aguilera, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que una eventual entrada del ejército a Ciudad Juárez “ es una incoherencia”.

La también integrante de la campaña Alto a la Impunidad, ni Una Muerta Más, recordó que es anticonstitucional que el ejército mexicano colabore en el resguardo de la seguridad pública “ cuando las organizaciones hablamos de cooperación federal nos referíamos a la atracción de la investigación por la Procuraduría General de la República (PGR). Jamás pensamos en el ejército.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortéz, destacó que es necesario revisar el papel del ejército para que se apegue a sus facultades. La entrada de la fuerza castrense para vigilar a las jóvenes trabajadoras “ en vez de ayudarlas las pondría en mayor riesgo a su seguridad”.

Los defensores de derechos humanos opinaron lo anterior en reunión con los medios, en la que dieron a conocer el inicio de la segunda fase del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobierno mexicano y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, signado por el presidente Vicente Fox el dos de diciembre del año 2000.

La segunda fase consiste en realizar un diagnóstico y un plan nacional sobre las violaciones a los derechos humanos en México en lo que toca, entre otros temas, a derechos indígenas, administración de justicia, derechos económicos, sociales y culturales, así como grupos vulnerables.

El diagnóstico será elaborado por cuatro mexicanos seleccionados por el Alto Comisionado, ellos son el académico Sergio Aguayo; el experto en la materia Isidro Cisneros, el especialista en derecho internacional Miguel Sarré, y Clara Jusidman, exsecretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal.

Está previsto que en un año esté listo el programa nacional, expresaron los defensores, al hacer un amplio llamado a toda la sociedad mexicana para colaborar en el diagnóstico y garantizar su cumplimiento.

MR/MEL







       
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