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jueves 20 de marzo de 2003
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Polémica sobre alcances de acuerdos internacionales
Piden intervención de SCJN en caso Ciudad Juárez

Rafael Maya cimac | México, DF

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aracely Escalante Jasso, presentó hoy ante el pleno del Senado un punto de acuerdo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), designe una comisión que investigue la ola de crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, que de 1993 a la fecha han dejado casi 300 víctimas.

La medida fue tomada luego de que el pasado ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente mexicano Vicente Fox rechazó llevar el feminicidio al ámbito federal pues considera que compete sólo a las autoridades del estado de Chihuahua.

La medida generó protestas y críticas de grupos civiles defensores de los derechos humanos, organizaciones de familiares de las víctimas y legisladores de oposición.

Escalante Jasso aseguró que el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), obliga al presidente Vicente Fox, a llevar el caso Ciudad Juárez al ámbito federal.

En entrevista con cimacnoticias, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado sostuvo que el mandatario está “obligado” a cumplir con el protocolo facultativo de la Cedaw, que fue ratificado por su gobierno e indica que los Estados firmantes deben implementar todas las medidas necesarias para proteger a la población femenina de cualquier acto discriminatorio.

SIGUE LA POLEMICA

El pasado 10 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Dérbez, afirmó que los acuerdos internacionales firmados por México deben considerarse como normas cuya validez jurídica sólo está por debajo de la propia Constitución. Sin embargo, la senadora explicó que el Comité Ejecutivo del Protocolo Facultativo de la Cedaw hace una llamada de atención al presidente Fox, toda vez que esa instancia internacional tiene en primer lugar el caso de los asesinatos de mujeres en la ciudad fronteriza, como ejemplo de la violencia y discriminación de género que ocurre en el mundo.

La legisladora respondió que aunque la SCJN no puede consignar a los responsables del feminicidio, sí debe investigar para que posteriormente, con base en sus pesquisas, la Procuraduría General de la República (PGR) intervenga.

Sostuvo que el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Equidad y Género está bien fundamentado jurídicamente para que la PGR no evada su responsabilidad de atracción federal del caso.

El punto de acuerdo se fundamenta en el artículo 97 de la Constitución y fue firmado por todas las integrantes de esa comisión --incluso por Susana Stephenson, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), quien el martes pasado acusó a su colega, Maricarmen Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de “partidizar” el tema al anunciar esa propuesta--.

Ese precepto señala que la SCJN podrá formar comisiones especiales a petición del Congreso para averiguar hechos “que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.

El punto de acuerdo también establece que “una vez obtenidos los resultados (de la investigación), se proceda conforme a derecho contra los responsables”.

Hasta el cierre de esta edición, el Senado aún no procedía a votar la resolución considerada como “urgente y de obvia resolución”.

RM/MEL







       
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