Al concluir el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, al menos 13 iniciativas de reformas legales a favor de los derechos de las mujeres quedaron pendientes para un periodo extraordinario o para la próxima legislatura, que comienza en septiembre.

De entre los proyectos de reforma pendientes destacan un punto de acuerdo para homologar las leyes en los estados en relación con el aborto legal; una iniciativa de reforma al Código Civil federal para sancionar la violación en el matrimonio y cambios a la ley de planeación para garantizar la equidad de género en el diseño y ejercicio del presupuesto.

La diputada Hortensia Aragón, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es autora de un punto de acuerdo para que los códigos penales y de procedimientos penales en las entidades del país, se homologuen con las disposiciones previstas en los códigos del Distrito Federal.

En la Ciudad de México se permite el aborto en caso de violación, malformación congénita del producto, y cuando la vida de la madre está en peligro. Además, con el punto de acuerdo se pretende la creación de un mecanismo que prevea la ayuda económica y social del Estado para las víctimas de violación.

En tanto, se prevé una nueva discusión legislativa acerca de la sanción penal a la violación sexual en el matrimonio. El coordinador del PRD en San Lázaro, Martí Batres, presentó un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del código civil federal en materia de derechos del matrimonio.

Al presentar su iniciativa, Batres dijo que “conceptualizar el matrimonio como una comunidad para la procreación debe quedar atrás para dar paso a una definición más acorde con la equidad de géneros y que evite confusiones que pueden utilizar quienes delinquen contra sus propias esposas”.

Finalmente, la Comisión de Equidad y Género propuso modificaciones a la Ley de Planeación para que se desagreguen por sexo los resultados de los programas sociales, y se identifiquen las diferencias entre mujeres y hombres.

Además se proponen acciones tendientes a alcanzar la equidad en los instrumentos de política económica, social y ambiental, en función de objetivos y prioridades. Se busca también integrar la perspectiva de género --el estudio de las diferencias sociales entre hombres y mujeres-- en la aplicación del presupuesto.

De aprobarse esa iniciativa, para el presupuesto de egresos 2004 se cumpliría el correcto ejercicio de los recursos aprobados para programas de mujeres. De ese modo, se evitaría que, por ejemplo, se extraviaran recursos de un fondo de becas para estudiantes embarazadas.

Para el presupuesto 2002, la Cámara baja aprobó cinco millones de pesos a la SEP con ese fin, pero inexplicablemente esos recursos nunca llegaron a la dependencia.

2003/RM/MEL