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lunes 17 de noviembre de 2003
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Acusada de pertenecer al EPR
Pide mujer indígena ayuda a gobernador de Oaxaca

cimac | Oaxaca

Isabel Almaraz Matías, presa loxicha envió este fin de semana una carta al gobernador oaxaqueño José Murat para solicitar su intervención a fin de que obtenga su libertad, luego de 18 meses de permanecer detenida en la cárcel de Ixcotel, por su supuesta vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En una copia de la carta que fue distribuida este fin de semana, Isabel relata que el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la no Violencia Hacia las Mujeres, se cumplirán 18 meses de que fue detenida por policías que –asegura- la golpearon y torturaron para que les hablara del EPR, pues de lo contrario se llevarían a sus pequeñas hijas.

Isabel, 27 años, tiene dos niñas Doris de cinco y Denice de tres años de edad, a quienes sólo puede ver una vez al mes, mientras que su esposo Juan Luis Ramírez vive escondido ante el temor de ser detenido.

En la carta, la indígena zapoteca nacida en Loma Bonita, Loxicha, se refiere al informe de gobierno que entregará al Congreso del Estado el mandatario oaxaqueño, y en el que –dice Isabel- “usted habla muy bonito de los indígenas y de la libertad de presos, pero no le hace justicia a las mujeres y a los otros presos de Loxicha”.

Explica que además de los detenidos del fuero federal hay otros que están privados de su libertad por delitos del fuero común, luego de que se iniciara una ola de represión en contra de los habitantes de Loxicha y sus comunidades el 25 de septiembre de 1996 por el entonces gobernador, Diódoro Carrasco Altamirano, del Partido Revolucionario Institucional, asegura.

Isabel Almaraz Matías puntualiza que sólo desea quedar libre, pues no ha cometido ningún delito, y señaló que durante la pasada visita de organismos no gubernamentales de derechos humanos al penal no se le permitió hablar con ellos, desconociendo los motivos.

Después de la aparición del EPR, en la Crucesita, Huatulco, el 29 de agosto de 1996, fueron detenidos habitantes de San Agustín Loxicha y sus comunidades por su supuesta vinculación con ese grupo armado. También hubo persecuciones, asesinatos y violaciones de mujeres, en tanto siete personas fueron secuestradas.

2003/SJ/MEL

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