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jueves 4 de septiembre de 2003
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Desde la CIDH el mundo conoció la impunidad del feminicidio
Invaluable apoyo de Marta Altolaguirre a caso Ciudad Juárez

cimac | México, DF

La guatemalteca Marta Altolaguirre, quien renunció como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para la Mujer de ese organismo, impulsó desde ese puesto el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en la norteña localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y su apoyo fue esencial para dar a conocer al mundo la impunidad sobre esos crímenes.

Abogada de profesión, Altolaguirre comenzó a recibir en diciembre de 2001 documentos enviados por la campaña Alto a la Impunidad: ni una Muerta Mas, integrada por organizaciones civiles mexicanas, en los que le informaban sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

También recibió el texto íntegro de la recomendación 044/98 que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno del estado de Chihuahua en 1998 sobre el feminicidio.

En una entrevista con Cimacnoticias en febrero de 2001, Altolaguirre mencionó la preocupación de la CIDH por las denuncias e informes sobre la violación sexual y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez.

La abogada tomó el caso en sus manos y realizó su primera visita a México el 11 y 12 de febrero de 2002 luego de que la CIDH analizó la documentación que sobre el caso le fue enviada por las organizaciones civiles mexicanas.

INDOLENCIA OFICIAL

Pero su visita no rindió los frutos esperados. Los asesinatos y la impunidad continuaron ante la indolencia de los gobiernos estatal y federal y la situación de las organizaciones civiles se complicó ante el hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad y amenazas del procurador estatal, José Jesús Silva Solís.

El 26 de febrero pasado ante los nulos avances en las investigaciones de los asesinatos, Altolaguirre anunció desde Washington, durante una audiencia en la CIDH sobre varios casos vinculados a México, que visitaría Ciudad Juárez y externó preocupación por el hostigamiento a las integrantes de la Campaña Alto a la Impunidad: Ni Una Muerta Mas.

En la misma audiencia, a la que acudieron representantes de los gobiernos federal y estatal, Altolaguirre cuestionó la lentitud de las autoridades de Chihuahua en el caso de las jóvenes desaparecidas porque el tiempo perdido probablemente ha causado más víctimas.

Un años después de la primera visita de la relatora a Ciudad Juárez habían sido encontrados otros 12 cadáveres con las mismas características de las mujeres ultimadas en los años previos a su recorrido.

En la audiencia, presidida por Altolaguirre, las organizaciones civiles mexicanas denunciaron la indiferencia de las autoridades ante la desaparición de unas mil mujeres, deficiencias en las pesquisas sobre los asesinatos de más de 290 de ellas, falta de investigaciones objetivas y científicas y cambio constante de los encargados de las averiguaciones.

El 22 de marzo de este año, la CIDH emitió un reporte elaborado por Altolaguirre en el que asegura que el gobierno federal mexicano está obligado a participar de manera plena y urgente en el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, donde persiste la impunidad.

El documento se refiere a 268 asesinatos de mujeres y fue emitido 18 días después de que el presidente de México, Vicente Fox, rechazó ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) que lleve al ámbito federal las pesquisas del feminicidio.

CUESTIONADA LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO

El reporte de la CIDH, basado en la visita que Altolaguirre realizó a Ciudad Juárez en febrero de 2002, recomienda al gobierno mexicano tomar medidas urgentes para erradicar la violencia hacia las mujeres, así como para agilizar y mejorar las investigaciones, el procesamiento y castigo de los responsables.

En el documento, la CIDH lamenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no haya realizado las labores de seguimiento de su recomendación 44/98, y la falta de cumplimiento por parte de la PGR al apoyo técnico que ofreció para agilizar las pesquisas.

En el apartado relativo a las obligaciones del Estado mexicano, el informe señala la falta de conciencia de que los derechos femeninos son derechos humanos y considera que caracterizar los asesinatos como seriales resta gravedad a otros delitos, como los sexuales y la violencia intrafamiliar en Chihuahua.

La abogada, quien se dedicará a la política en su natal Guatemala y dará seguimiento al asesinato de 200 mujeres guatemaltecas en lo que va del año, admitió en abril de este año que en el sistema interamericano ha sido difícil abrir brecha para introducir la perspectiva de género, aunque reconoció avances en los anteriores tres años.

Según un reciente reporte de Amnistía Internacional, más de 370 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez de 1993 a la fecha, aunque la Procuraduría General de la República reconoce sólo 258, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece en cuatro mil en número de desaparecidas.

En ese lapso ha habido dos gobernadores -Francisco Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN), recién elegido diputado federal y coordinador de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados, y Patricio Martínez, actual gobernante, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

2003/MES/MEL

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