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jueves 1 de abril de 2004
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Persiste clamor de justicia en caso Digna Ochoa
Envuelta en críticas y sospechas concluye Fiscalía Especial

Rafael Maya cimac | México, DF

En medio del cuestionamiento y la critica, la Fiscalía Especial sobre el caso Digna Ochoa, encabezada por Margarita Guerra, dejó de funcionar ayer luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), determinó el pasado 4 de marzo que sus pesquisas concluyeron satisfactoriamente.

Tras el fallo de la Fiscalía Especial hace nueve meses en el sentido de que la abogada veracruzana no fue asesinada sino que se suicidó debido a “serios trastornos emocionales”, la instancia dejó de funcionar.

Organismos defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), y el Centro Agustín Pro Juárez, cuestionaron en todo momento el curso de las investigaciones realizadas por el subprocurador Renato Sales (primer fiscal especial) y la magistrada Guerra.

Sales fue el primero en manejar la hipótesis del suicidio, lo que provocó airadas protestas de la familia Ochoa y de defensores humanitarios, quienes aseguran que Digna fue asesinada por su activismo social. Sus familiares y amigos denunciaron, en su momento, que la abogada había recibido amenazas de muerte.

La segunda fiscal del caso, Margarita Guerra, mantuvo la hipótesis del suicidio y centró las investigaciones en ese supuesto, descartando --a decir de otras organizaciones-- pistas y testimonios que apuntaban hacia la posibilidad del asesinato.

Digna Ochoa y Plácido fue encontrada muerta en su oficina en ésta ciudad el 19 de octubre de 2001. Recibió dos impactos de bala mientras laboraba en su bufete jurídico Tierra y Libertad. Tenía 37 años de edad.

En un principio el procurador de Justicia del DF, Bernardo Bátiz, aventuró que Digna había sido asesinada. Aseguró incluso que se trataba de un “crimen político”. Previo a su deceso, la activista defendía los casos de campesinos ecologistas de Guerrero, que fueron encarcelados por defender los bosques del asedio de los talamontes.

El 18 de junio de 2003, un grupo de peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la investigación de la Fiscalía Especial sobre la muerte de Digna Ochoa estaba “viciada de origen” y que presentaba “numerosos errores”.

Los expertos cuestionaron el manejo de las evidencias y la custodia de los elementos físicos de la investigación. Señalaron que hubo fallas en la inspección del despacho de la abogada donde fue encontrada muerta.

Advirtieron “falta de control y manejo de la escena de los hechos” por el hallazgo posterior de una bolsa que contenía una sustancia blanca, y que se desconocía si estaba en la oficina el día de los hechos. La CIDH indicó también que algunos dictámenes se contradecían o presentaban conclusiones sin fundamento.

Un análisis pericial independiente de la familia Ochoa y Plácido, determinó que las pesquisas de la Fiscalía Especial presentaron falta de rigurosidad en la autopsia, irregularidades en la recolección, manejo y conservación de pruebas, y la “extraña aparición”, 18 meses después del presunto homicidio, de nuevas evidencias “decisivas”. AI avaló los resultados de ese análisis.

La organización internacional, con sede en Londres, puso en evidencia algunos intentos de limitar la coadyuvancia de la familia de Digna Ochoa y sus abogados en las investigaciones.

Más aún, señaló AI, durante las investigaciones fue publicada información con objeto de cuestionar los esfuerzos de la familia de Digna para conseguir justicia, además de comentarios para descalificar el trabajo de defensa y promoción de derechos humanos llevado a cabo por la abogada.

A pesar de todo esto, la fiscal Margarita Guerra reiteró que la activista padecía de desequilibrio emocional.

El pasado 3 de octubre la familia Ochoa y Plácido se amparó ante la justicia federal al conocer el fallo de la fiscal especial. El amparo tiene el apoyo del Centro para la Ley y Justicia Internacional (Cejil), organismo encargado de llevar el caso Digna ante la CIDH.

Así, sin Fiscalía Especial de por medio, el caso Digna sigue abierto: la familia Ochoa y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos están a la espera de la resolución del amparo, y siguen firmes en su demanda de que se esclarezca completamente la muerte de la abogada veracruzana.

2004/RM/BJ

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