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miércoles 28 de abril de 2004
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Cese de hostilidades, exige Casa Amiga a Ejecutivo
Gobierno chihuahuense hostiga a activistas contra feminicidio

Rafael Maya cimac | México, DF

La directora de Casa Amiga, Esther Chávez Cano, exigió hoy al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión que se pronuncien por el cese del clima de hostigamiento contra defensores de los derechos humanos provocado por el gobierno de Chihuahua, debido a su activismo para esclarecer los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Chávez Cano denunció diversos actos de hostigamiento y una “campaña de desprestigio” en la prensa local, impulsada --aseguró-- por el gobierno estatal en contra de familiares de las víctimas y de agrupaciones que demandan el esclarecimiento del feminicidio, que desde 1993 ha dejado cerca de 400 víctimas.

Esther Chávez propuso entre otras medidas que contribuirían a hacer justicia por la ola de asesinatos de mujeres en Juárez, la creación de una comisión binacional de investigación entre México y Estados Unidos, tal y como lo piden 78 legisladoras del vecino país.

Criticó que el gobierno del presidente Vicente Fox se niegue a la integración de una comisión binacional para el caso Juárez, mientras que acepta instancias similares para otros asuntos que afectan a ambos países.

Reiteró que en el feminicidio estarían involucrados criminales del otro lado de la frontera, según reportes de la estadounidense Oficina Federal de Investigación (FBI) y que --sostuvo-- han sido ignorados por las autoridades locales. Agregó que Casa Amiga --centro que atiende a mujeres víctimas de violencia-- ha atendido a mujeres que han sido agredidas por ciudadanos de EU.

Junto a otros activistas por los derechos humanos, Chávez Cano, denunció que en días recientes la prensa local publicó varias notas en las que se acusa a la directora de Casa Amiga de “lucrar con el dolor de las madres”.

Las y los representantes de los grupos civiles afirmaron que tales publicaciones presentan información de los donativos y recursos que recibe Casa Amiga, la cual “únicamente pudo ser proporcionada” por el gobierno de Chihuahua.

Entre otros actos de hostigamiento, los activistas mencionaron que madres de mujeres asesinadas, como Marisela Ortiz --dirigente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa--, y abogados de las familias de las víctimas han sufrido asaltos, y amenazas verbales y telefónicas en las que --acusan-- habrían participado policías judiciales de la norteña entidad.

Sobre las investigaciones del feminicidio, la asesora jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Adriana Carmona, lamentó que la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez, Guadalupe Morfín, carezca de recursos para cumplir con su objetivo. Esther Chávez dijo que la comisionada “está desamparada” en su labor.

Carmona apuntó que por el contrario, la fiscal especial que investiga los asesinatos, María López Urbina, cuenta con presupuesto pero no tiene amplias facultades para atraer todos los expedientes del feminicidio. Recordó que la fiscal sólo está revisando 14 expedientes de mujeres asesinadas.

Al respecto de la visita de especialistas de Naciones Unidas a Ciudad Juárez esta semana para dar asistencia técnica a las autoridades judiciales de Chihuahua, las activistas confiaron en que las observaciones de los expertos --quienes documentaron torturas contra supuestos responsables de los crímenes-- sirvan como medida de presión para que el gobierno mexicano cumpla con su obligación de resolver la ola de crímenes.

2004/RM/BJ/

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